La Corte Suprema quedó en condiciones de definir la disputa entre el Gobierno y las universidades
El máximo tribunal ya puede resolver el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras crece la tensión entre la Casa Rosada y las universidades nacionales por el ajuste presupuestario.
El expediente en manos de la Corte
La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente ya atravesó todas las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal, en un caso que se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la Casa Rosada y el sistema universitario.
La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades, recomponer salarios docentes y no docentes, y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
El recurso del Gobierno
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en primera y segunda instancia, la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la ley. En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos podría generar un «grave e irreparable perjuicio» para el Estado y afectar el equilibrio fiscal.
Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
El reclamo universitario en números
En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno y pidieron a la Corte Suprema «que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento».
Las universidades denunciaron que el financiamiento del sistema universitario nacional es «crítico» y que la principal causa es que el Gobierno nacional «incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la ley».
En materia salarial, advirtieron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.
«Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas», advirtieron. Además, denunciaron un «empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo», acompañado por renuncias de cuadros formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales.
¿Qué resolución creés que tomará la Corte Suprema: fallará a favor de las universidades o del Gobierno? ¿La pérdida salarial del 37% que denuncian los docentes es real o exagerada? ¿La ley de Financiamiento debería aplicarse tal como fue sancionada por el Congreso o el Gobierno tiene derecho a no ejecutarla por razones de equilibrio fiscal?
