Financiamiento Universitario: el Gobierno comenzó a calibrar cuentas para cumplir el fallo de la Corte
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la medida cautelar que exige al Gobierno cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario abrió una grieta en el oficialismo y obligó a virar la estrategia en torno a los fondos para las casas de estudio.
El revés judicial y el cambio de postura
Desde un comienzo, todos los actores del oficialismo contemplaron como negativo el texto que tuvo insistencia en el Parlamento y veto presidencial por su alto costo fiscal, estimado en 1,3 billones de pesos. Sin embargo, el potente revés judicial obligó a tener otra mirada. Después de una intransigencia total, hoy los altos mandos de la gestión de Javier Milei abren la posibilidad de cumplir con la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo, al menos no niega la chance. En Casa Rosada aportan que «Toto» buscará la manera de enviar los fondos que dicta la ley. «Habrá reasignación de partidas pero siempre cuidando el superávit fiscal, eso no se toca», precisó una fuente libertaria al tanto de las conversaciones.
La interna oficialista
Este problema incluye una interna en el Gobierno. Varios sectores siguen mirando con recelo la estrategia judicial que se diseñó desde el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques para evitar cumplir con la ley. El jueves, sectores libertarios confiaron y transmitieron optimismo en relación al camino de la CSJN. «Nos va a dar aire», confiaron. Pero claramente esto no sucedió y ahora el Gobierno piensa cómo cumplir con las partidas que requiere la normativa.
Vale destacar que la nueva ley de Financiamiento Universitario tenía la anuencia de rectores, quienes dialogaron con Carlos Torrendell (secretario de Educación), y se negoció un incremento hace semanas que contó con acuerdo sindical de la Federación de Universitarios (FEDUN). Sin embargo, el fallo cambió totalmente el escenario.
La mirada de los rectores
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró el fallo de la Corte. En concreto, subrayó que el fallo es «un paso fundamental hacia la normalización del sistema» porque «una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse, ni más ni menos que eso». Y agregó: «El fallo de la Corte es saludable en esos dos sentidos. Y abre una esperanza de que podamos tener efectivamente la aplicación plena de la ley y con eso la resolución del conflicto».
El fallo de la Corte Suprema, conocido el jueves, dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la norma vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de programas de becas estudiantiles . La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la implementación de la ley a la definición previa de fuentes específicas de financiamiento . El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar .
