Derecho: «Si Milei se va de viaje, Villarruel puede firmar el nombramiento de Michelli»

El constitucionalista Jorge Dieguez advierte que congelar el pliego expone al Gobierno a un escenario imprevisto. La vicepresidenta, en ejercicio del Poder Ejecutivo, podría habilitar a la jueza.

El conflicto por el nombramiento de la jueza Verónica Michelli ingresó en una nueva fase. Mientras la Casa Rosada mantiene en suspenso la firma del decreto que la designaría en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, un constitucionalista de peso lanzó una advertencia: si el presidente Javier Milei se ausenta del país, la vicepresidenta Victoria Villarruel podría quedar facultada para estampar la firma.

Jorge Alberto Dieguez, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral, analizó el caso en diálogo con Perfil. Su diagnóstico es claro: el congelamiento del pliego expone al Poder Ejecutivo a un riesgo político y jurídico que podría resolverse con un viaje presidencial.

Discrecionalidad, no arbitrariedad

«El nombramiento o no de un juez es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, pero es una decisión discrecional, no arbitraria», diferenció Dieguez. Explicó que el proceso de designación de un magistrado es un «acto complejo» donde intervienen los tres poderes del Estado.

El recorrido es el siguiente: el Consejo de la Magistratura selecciona; el Poder Ejecutivo nominaba; el Senado confirma; y finalmente el Poder Ejecutivo nombra mediante decreto. «Hasta el momento que no se produce el nombramiento, el candidato tiene un derecho en expectativa, no un derecho adquirido», aclaró. Por lo tanto, el Presidente puede cambiar de opinión, pero con un límite: mientras el pliego está en el Senado, no puede retirarlo unilateralmente.

El presidente no puede retirar el pliego del Senado

Consultado sobre la posibilidad de que Milei retire el pliego de Michelli, Dieguez fue tajante: «El presidente no puede retirar el pliego, puede solicitar retirarlo. Tiene que tener autorización del Senado». Es decir, una vez que el mensaje del Ejecutivo se leyó en sesión y el pliego adquirió «estado parlamentario», la potestad de retiro pasa a manos de la Cámara alta.

Esa ventana de tiempo se cierra recién cuando el presidente del Senado (la vicepresidenta Villarruel) notifica al Ejecutivo el resultado del acuerdo. Recién ahí, el Presidente recupera su potestad constitucional.

¿Discrecionalidad o arbitrariedad?

Dieguez trazó una distinción central entre «discrecional» y «arbitrario». Recordó el artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra la igualdad ante la ley y la admisibilidad a los cargos públicos sin más condición que la idoneidad. Pero esa idoneidad, explicó, no es solo técnica. «Hay otras cuestiones complementarias a la idoneidad técnica que, sumadas, conforman lo que yo llamo la idoneidad constitucional», sostuvo.

Puso un ejemplo: «El presidente Milei no nombraría seguramente juez a Zaffaroni, que es una persona jurídicamente brillante desde el punto de vista penal y criminológico. No lo nombraría por una cuestión ideológica. ¿Está mal eso? No, no es discriminatorio». El Presidente puede decidir el perfil de juez que quiere para la sociedad, siempre que tenga el acuerdo del Senado.

Sin embargo, alertó que esa discrecionalidad tiene un límite: no puede convertirse en arbitrariedad. «Si usted me quiere decir que no va a nombrar a una persona porque es cuñada de un periodista, explíqueme qué conexión tiene con el futuro cargo. Si usted me lo logra explicar que tiene alguna conexión, aunque sea remota, con el futuro desempeño del cargo, uno puede decir, bueno, quedaría dentro de la discrecionalidad», indicó. Pero advirtió que, con los elementos disponibles, el silencio del Ejecutivo alimenta los indicios de un acto discriminatorio.

El antecedente Schalk y el fantasma de la judicialización

Dieguez trajo a colación un caso similar ocurrido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Juan Manuel Schalk había superado todas las instancias, obtuvo el acuerdo del Senado, pero la entonces presidenta se negó a firmar su nombramiento luego de que el magistrado ordenara la detención del dirigente sindical Rubén «Pollo» Sobrero durante un conflicto ferroviario.

«Lo que se buscó ahí fue hacerlo renunciar al concurso, no al cargo de juez», relató Dieguez. Schalk terminó renunciando. «¿Y si él no renunciaba, qué pasaba?», se preguntó. Para el constitucionalista, aquel fue un procedimiento más decoroso para evitar el mismo escenario que enfrenta hoy Michelli.

Sobre una eventual judicialización del caso, Dieguez no la descartó: «No la conozco a la doctora Michelli, no sé qué personalidad tiene. Si fuera combativa, diría que lo va a judicializar». Y agregó que otra hipótesis es que simplemente pase el tiempo, Milei no sea reelecto y el próximo presidente la nombre.

La hipótesis del viaje: Villarruel en ejercicio del Ejecutivo

Pero la observación más punzante de Dieguez fue otra. Recordó que Michelli se reunió en el Senado con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y luego lanzó una pregunta que en Balcarce 50 ya analizan: «¿Qué pasa si el presidente Milei se va de viaje?»

Su respuesta fue contundente: «Firma la vicepresidenta. Sería perfecto». Dieguez explicó que, constitucionalmente, cuando el presidente se encuentra fuera del país, la vicepresidenta queda a cargo del Poder Ejecutivo y puede ejercer todas las atribuciones, incluida la firma de decretos de nombramiento de jueces.

«Estoy haciendo mal porque estoy ayudando a algo que no me gusta, pero yo creo que el presidente tiene que definir esto, no lo puede dejar frisado, porque corre ese riesgo», advirtió.

¿Qué alternativas tiene Milei?

Dieguez enumeró las opciones del Gobierno. La primera: enviar un nuevo mensaje al Senado, explicando el cambio de opinión y proponiendo a otro integrante de la terna (la doctora Sirkovic ya tiene acuerdo para otro cargo, por lo que quedaría un solo nombre disponible). El Senado podría rechazarlo o simplemente no tratarlo.

Si el Senado rechaza la propuesta, el Ejecutivo debería pedir una nueva terna al Consejo de la Magistratura. Si el Senado no lo trata, el pliego queda congelado, pero Michelli mantiene su derecho en expectativa.

Y allí reside el riesgo para el oficialismo: mientras el pliego no sea rechazado formalmente, Michelli sigue siendo candidata. Cualquier presidente en ejercicio —incluida Villarruel durante una ausencia de Milei— podría completar la cuarta etapa y firmar el nombramiento.

«Quedarían cumplidas tres de las cuatro etapas: selección, nominación y confirmación. Falta el nombramiento», resumió Dieguez. Y concluyó: «Lo ideal sería que haya sentido común. Técnicamente, el presidente tendría que mandar un nuevo mensaje y el Senado no tratarlo, no rechazarlo. Si lo rechaza, el Ejecutivo tendría que pedir una nueva terna».

Por ahora, el pliego sigue en suspenso. Y la amenaza de un viaje presidencial no programado comenzó a circular en los pasillos de la política como una hipótesis cada vez menos descartable.

Fuente: Perfil / Entrevista a Jorge Alberto Dieguez.