Indignación en Tucumán: jubilado de la mínima no puede pagar la boleta de EDET que saltó de $127.000 a $353.000
El caso de un jubilado de San Miguel de Tucumán encendió la furia de los consumidores y expuso una vez más el malestar con la distribuidora eléctrica EDET. La factura de luz del hombre pasó de $127.000 a $353.000 en un solo período, un salto del 178% que no tiene justificación en su consumo ni en las subas oficiales. «Soy jubilado de la mínima. La boleta anterior me había llegado de $127.000 y ahora me vino de $353.000», denunció.
El drama de un jubilado: pagar la luz o comprar remedios
El jubilado, que percibe el haber mínimo, contó que sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir alimentos y medicamentos. La llegada de una boleta de $353.000 lo dejó ante una decisión desesperante: destinar su dinero al servicio eléctrico o a sus necesidades básicas .
El monto recibido es un 178% mayor al del período anterior, y equivale a casi tres veces la factura anterior. Según el denunciante, en su vivienda no hubo cambios en los artefactos eléctricos ni en sus hábitos de consumo que justifiquen semejante incremento .
¿Cómo es posible que una jubilación mínima tenga que destinarse casi por entero al pago de un servicio esencial? El caso pone en evidencia el límite entre lo que los argentinos pueden pagar y lo que las empresas exigen.
EDET y la crisis de las tarifas
El caso del jubilado no es un hecho aislado. En distintos puntos de Tucumán crecen los reclamos de usuarios que aseguran haber recibido facturas con montos que duplican o triplican los valores habituales, sin haber modificado su consumo . La indignación apunta directamente a EDET, que mantiene una posición monopólica en la provincia y arrastra la peor imagen entre los tucumanos .
Si bien EDET explica que las subas responden a una combinación de factores aprobados en la revisión tarifaria, el incremento en el costo de la energía mayorista, la quita de subsidios y el mayor consumo invernal, los aumentos oficiales no justifican saltos de esta magnitud . Según la empresa, el incremento autorizado para los usuarios residenciales rondaba el 38% ; el caso de este jubilado supera ampliamente ese porcentaje.
¿Qué ocurre cuando una empresa, amparada en la falta de competencia, impone a sus clientes facturas que rozan lo impagable?
La respuesta de FODECUS y la Justicia
La organización de defensa de consumidores FODECUS, a través de su referente José García, ya presentó una denuncia formal contra EDET. La entidad sostiene que parte del problema podría estar relacionada con presuntas fallas en la lectura de los medidores, que generan importes que no se corresponden con el consumo real registrado .
FODECUS recomienda a los usuarios que consideren incorrecta una factura presentar inmediatamente el reclamo formal ante EDET y conservar el número de gestión, que impide que se corte el servicio mientras el reclamo está en análisis . «No alcanza con una consulta verbal. Hay que exigir una identificación concreta del trámite iniciado», remarcaron desde la organización .
¿Pueden los consumidores confiar en que el Estado regulará estos abusos? O, por el contrario, el ciudadano de a pie queda desamparado frente a los monopolios.
El debate de fondo: servicios esenciales vs. tarifas
Más allá de los errores puntuales de facturación, el caso expone un problema estructural: la falta de alternativas para los usuarios. EDET es la única distribuidora en Tucumán, lo que deja a los consumidores cautivos ante una empresa que históricamente ha sido señalada por sus tarifas, cortes y falta de transparencia .
La situación de este jubilado no solo es una tragedia individual, sino que refleja una crisis de acceso a los servicios básicos que golpea especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad: jubilados, pensionados y familias de bajos ingresos .
¿Hasta cuándo la política tarifaria será una variable de ajuste que recae sobre quienes menos pueden pagar? El escándalo de EDET no es un hecho aislado; es el síntoma de un modelo que, en busca del «equilibrio fiscal», termina quebrando a los ciudadanos.
El impacto de estas facturas exorbitantes no es solo económico; es humano. Cada boleta de $353.000 es una amenaza directa a la dignidad de quienes, como este jubilado, deben elegir entre comer y mantener la luz encendida.
¿Qué opinás vos? ¿Crees que el Estado debe intervenir de manera más firme en los casos de sobrefacturación y tarifas abusivas? ¿O el problema se resuelve solo con la desregulación del mercado?
