Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil: bajan la edad de imputabilidad a 14 años y la oposición ya anticipa un «sistema desbordado»

La ley 27.801, aprobada en febrero y promulgada en marzo, entró en vigencia este sábado 5 de septiembre. El principal cambio es la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma que reemplaza el régimen vigente desde 1980 y que el gobierno de Javier Milei impulsó como parte de su agenda de seguridad .

Mientras el oficialismo celebra el fin de la «impunidad», especialistas y sectores de la oposición advierten sobre el desborde del sistema y la falta de recursos para contener un incremento estimado de hasta el 80% en las causas penales.

Los cambios clave de la nueva ley

La normativa establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años . Entre los principales cambios se destacan :

• Baja de la edad de imputabilidad: de 16 a 14 años .
• Máximo de pena: 15 años de privación de la libertad para delitos graves como homicidio, abusos sexuales o secuestros. Para el resto de los delitos, el tope es de 10 años .
• Prohibición de perpetua: se prohíben la prisión y la reclusión perpetuas .
• Penalidades alternativas: se priorizan medidas de reinserción por sobre el encierro, con sanciones como monitoreo electrónico, servicios comunitarios, prohibición de acercamiento y reparación del daño a la víctima .
• Responsabilidad civil de los padres: los padres o tutores serán civilmente responsables por los daños derivados de los delitos cometidos por sus hijos .
• Registro de antecedentes: se crea un registro de antecedentes juveniles que se cancelará automáticamente al cumplir 21 años .

La celebración de Patricia Bullrich: «Se terminó la impunidad»

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue una de las principales impulsoras de la reforma y celebró su entrada en vigencia en redes sociales.

«Desde hoy no importa la edad. Si delinquís, las pagás. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace. Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar», publicó Bullrich .

La senadora también apuntó contra quienes cuestionan la reforma: «La ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos» .

En la misma línea, el gobierno de Santa Fe celebró la implementación de la ley. El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, afirmó que «se terminó la impunidad» y remarcó que «acá, el que las hace, las paga» .

Las advertencias de la oposición y especialistas: «un sistema desbordado»

Desde la oposición y el ámbito judicial, las advertencias no se hicieron esperar. Funcionarios judiciales consultados por Clarín coincidieron en que la nueva ley podría generar hasta un 80% más de causas penales, sin que el sistema cuente con los recursos necesarios para afrontarlo .

Un fiscal de menores de la provincia de Buenos Aires señaló: «Es una Ley de marketing, muchos se manejan con los números de las estadísticas, pero no con la realidad. Hoy la reincidencia aumenta y hay cada vez más baja de edad (en los que delinquen) por la falta de educación y de trabajo» .

Un juez de un tribunal nacional de menores prevé que la nueva norma provocará «un sistema desbordado», ya que la estructura estatal de centros de menores «no está preparada para el incremento de los delitos y la baja de edad de inimputabilidad» .

En la provincia de Buenos Aires, desde la Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil, que pertenece al Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, se calcula que habrá un incremento de entre el 40 y 60% en las causas penales juveniles .

Críticas de fondo: «un enfoque regresivo y represivo»

Más allá de las advertencias sobre el desborde del sistema, el nuevo Régimen Penal Juvenil también recibió críticas de fondo por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos. La abogada Claudia Cesaroni, fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), calificó la ley como «totalmente regresiva y represiva» y señaló que «reinstala la lógica del Patronato de Liberados para los que no son punibles» .

Cesaroni también apuntó a los medios de comunicación: «En este tema, como todos los vinculados al delito o la llamada inseguridad o violencia interpersonal, los medios hegemónicos de comunicación construyen la figura del enemigo, un monstruo al que sólo se lo puede exterminar o encerrar» .

¿Esta ley ataca las causas profundas de la violencia juvenil o solo endurece el castigo sin ofrecer soluciones estructurales?

La implementación: un desafío para las provincias

La implementación del nuevo régimen no será uniforme en todo el país. La ley invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus leyes procesales y normas administrativas, disponiendo una asignación específica superior a 23.739 millones de pesos para el ámbito federal .

Sin embargo, la falta de recursos y de infraestructura adecuada en muchas provincias genera dudas sobre la efectividad de la reforma. El abogado Mariano Lema admite que «no todas las jurisdicciones llegan al mismo punto ni con las mismas herramientas» y que «la falta de recursos deja de ser un problema de gestión, para convertirse en un problema de igualdad» .

Reflexión final: una ley que divide aguas

La entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil marca un punto de inflexión en la justicia penal argentina. Para el oficialismo, es el fin de la «impunidad» y el comienzo de una nueva era de responsabilidad penal para los adolescentes. Para la oposición y los especialistas, es una medida regresiva que no ataca las causas estructurales de la violencia juvenil y que terminará desbordando un sistema ya colapsado.

El tiempo dirá si la ley logra su objetivo de «fomentar la responsabilidad y la resocialización» o si, por el contrario, se convierte en una herramienta de encarcelamiento masivo de jóvenes de sectores populares.

¿Qué opinás vos? ¿Crees que bajar la edad de imputabilidad es una solución para la inseguridad? ¿O estás de acuerdo con quienes advierten que la ley es regresiva y que no ataca las causas de la violencia juvenil?