Acuerdo salarial entre el Gobierno y las universidades: 24,33% de aumento en dos tramos
El martes al mediodía, el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo. Aumento salarial del 24,33% en dos tramos. Financiamiento extra. Promesa de que los sueldos no sigan perdiendo contra la inflación en 2026. Todo parecía encaminado para cerrar un conflicto que lleva meses desgastando a la comunidad educativa. Pero no. Las universidades siguen con la demanda en la Corte. ¿Por qué? ¿De qué sirve un acuerdo si el litigio continúa?
La propuesta oficial incluyó una recomposición del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. Ese 24,33% total equivale a 7 puntos de 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto para compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, el Gobierno se comprometió a que los salarios no sigan perdiendo poder adquisitivo durante lo que resta del año. También prometió un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y $50.000 millones para hospitales universitarios.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que las universidades no confían. Los rectores del CIN fueron claros: «No retiraremos la demanda judicial». El litigio por la Ley de Financiamiento Universitario —que el Congreso sancionó y el Ejecutivo considera «ilegal» porque no identifica la fuente de los recursos— sigue su curso en la Corte Suprema. Hay una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, pero hoy suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La Corte aún no definió.
El Gobierno insiste en que mantener la demanda es incompatible con haber llegado a un acuerdo económico. Las universidades, en cambio, creen que sin el respaldo de la Justicia, el Ejecutivo podría incumplir lo pactado. ¿Quién tiene razón? La historia reciente muestra que los acuerdos verbales o por acta no siempre se traducen en fondos transferidos.
Del lado sindical, la desconfianza es aún mayor. «Por ahora es todo informal. No se puede dar crédito. El Gobierno es un interlocutor muy escurridizo», dijeron desde Conadu a Infobae. Y lanzaron una exigencia concreta: «Tiene que convocar a paritaria, algo que no hace hace años». Los gremios reclaman que cualquier salida incluya una instancia paritaria real, con los docentes y no docentes sentados a la mesa.
La tensión no es solo por los sueldos. Los colegios preuniversitarios, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, viven una situación más delicada. Allí, los docentes perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Estudiantes tomaron los establecimientos como protesta. Y el acuerdo firmado esta semana incluye una negociación puntual para ese sector, pero todavía sin definiciones concretas.
El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios y organizaciones hicieron clases públicas frente al Palacio de Justicia. Le reclamaron a los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz que definan la cautelar. La comunidad universitaria sigue en estado de alerta.
La gran pregunta, entonces, no es si el acuerdo salarial es bueno o malo —24,33% en dos tramos, en un contexto de inflación a la baja, no es menor—, sino si alcanza para construir confianza. Porque las universidades no sólo piden plata. Piden reglas claras, paritarias reales, y que la Justicia garantice lo que el Congreso ya votó. Mientras la demanda siga en la Corte, el conflicto no estará cerrado. Y mientras los gremios sigan fuera de la mesa, cualquier acuerdo quedará a medio hacer.
¿Podrá el Gobierno convertir este principio de acuerdo en un pacto definitivo? ¿O la desconfianza y el litigio judicial terminarán por dinamitar lo que con tanto esfuerzo se negoció? Los rectores, los gremios y los estudiantes esperan una respuesta. La Corte también. Y el tiempo, como siempre, corre en contra.
