Detuvieron por amenazas al padre de dos de los niños fallecidos en Quitilipi
Brian Barrios, padre biológico de dos de los menores, fue aprehendido en la terminal de ómnibus tras una denuncia por amenazas de muerte presentada por la madre, María Aranda. La Policía activó el protocolo de violencia de género y dispuso medidas de protección para la denunciante. La causa por las muertes sigue caratulada como femicidio seguido de homicidio.
Brian Barrios, padre biológico de dos de los niños fallecidos en Quitilipi, fue detenido tras una denuncia por amenazas de muerte presentada por la madre de los menores, María Aranda. El procedimiento fue confirmado por el comisario Kiewczun durante una entrevista sobre el hecho que conmociona a la localidad.
Según explicó el jefe policial, la mujer denunció que las amenazas estaban relacionadas con haber dejado a sus hijos al cuidado de su hermana. A partir de esa presentación, se activó el protocolo de violencia de género y se dispusieron medidas de protección para la denunciante.
Barrios residía en Córdoba. De acuerdo con lo informado por Kiewczun, la Policía contaba con datos sobre su llegada a la terminal de ómnibus de Quitilipi durante la madrugada. Con esa información, coordinó un operativo con el Departamento de Investigación de Resistencia y concretó su aprehensión.
La detención de Barrios responde a la denuncia por amenazas presentada por Aranda. Según la información aportada, ese es el motivo del procedimiento y debe distinguirse de la investigación por las muertes.
La confirmación surgió durante las declaraciones en las que el comisario describió el episodio como "aberrante, sangriento y lamentable". Respecto de la investigación por las muertes, Kiewczun señaló que continuaba bajo la intervención del fiscal Gustavo Valero y que, al momento de la entrevista, estaba caratulada como femicidio seguido de homicidio. La imputación formal al principal sospechoso de ese hecho quedaba supeditada a las diligencias judiciales y a los resultados de las autopsias.
En medio del dolor de las familias y la conmoción de la comunidad, la denuncia de Aranda motivó una nueva intervención policial, con medidas destinadas a resguardar su seguridad mientras avanzan las actuaciones.
El caso de Quitilipi conmociona por la magnitud de la tragedia y por la complejidad de una trama que involucra duelo, amenazas y una investigación judicial en curso. La detención del padre por amenazas —un hecho distinto de la causa por las muertes— plantea preguntas sobre la protección de las víctimas y la respuesta institucional: ¿son suficientes las medidas de protección dispuestas para María Aranda? ¿Qué acompañamiento recibe una madre que, además de atravesar la pérdida de sus hijos, denuncia amenazas de muerte? Y en un contexto donde la causa principal está caratulada como femicidio seguido de homicidio, cabe preguntarse: ¿qué diligencias se necesitan para llegar a la verdad y a la justicia? La comunidad de Quitilipi espera respuestas, pero también necesita contención. ¿Qué rol cumplen el Estado, las instituciones locales y la sociedad en el acompañamiento de las familias afectadas? ¿Cómo se garantiza que un hecho tan doloroso no quede en la impunidad ni en el olvido? La investigación sigue su curso y las autopsias serán clave. Mientras tanto, la prioridad debería ser proteger a quienes denuncian y esclarecer lo ocurrido.
