Con el voto de la mayoría, el Parlamento chaqueño convirtió en ley el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI)

Una ley clave para el desarrollo: ¿qué cambia con el RINI?

¿Sabía que el Parlamento chaqueño convirtió en ley el RINI? ¿Con cuántos votos se aprobó?

El Parlamento chaqueño sancionó con una mayoría simple la ley que crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) «Chaco Invierte», destinado a promover la radicación, ampliación, modernización y puesta en marcha de nuevas inversiones en la provincia de Chaco. La ley se sancionó con 20 votos a favor de 31 diputados presentes, los del interbloque Chaco Puede junto a los bloques Primero Chaco y Frente Renovador. Siete diputados votaron por su permanencia en cartera: Sebastián Benítez Molas, Nicolás Slimel, Tere Cubells, Santiago Pérez Pons, Pía Chiacchio Cavana, Rubén Guillón y Rodolfo Schwartz. Cuatro diputados se abstuvieron: María Luisa Chomiak, Elda Insarrualde, Lucas Nass y Luciano Moser.

Los beneficios del RINI: estabilidad jurídica por 30 años y desgravaciones

¿Qué incentivos ofrece la ley? ¿A quiénes beneficia?

Obró de miembro informante el diputado y jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, quien presentó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial a través del proyecto de ley 1804/26.

«Es un proyecto que ha enviado al gobernador, ha sido un compromiso en la primera sesión ordinaria este proyecto de ley», sostuvo.

Agradeció especialmente a los diputados opositores que aportaron al proyecto con sugerencias que fueron consensuadas en el texto: Atlanto Honcheruk, Gladis González, Laura Fogar y Katia Blanc. Explicó que el Régimen busca «fortalecer no solamente el sector privado sino que busca ser una política de Estado que perdure en el tiempo. No apunta a grandes inversiones extranjeras sino a quien ya tiene una empresa acá, al que quiera ampliar, abrir un galpón en Sáenz Peña o tener un comercio en Resistencia. Busca hacer que gran parte de los beneficios sean operativos por darle empleo a los chaqueños: que ganen proveedores, inversionistas, los empresarios y los trabajadores de la provincia de Chaco». Remarcó que para que gran parte de los beneficios se operativicen, como el Certificado de Crédito Fiscal Transferible, debe vincularse «a gente de Chaco», sean proveedores, contratistas locales e incluso logísticas.

«Van a tener prioridad aquellos que contraten personal chaqueño», destacó el legislador como aporte de la oposición en la letra del proyecto.

«Este proyecto busca dar seguridad jurídica a lo largo de 30 años, las reglas no van a cambiar para los que estén adheridos a este programa», sostuvo e indicó que en gran parte de ese periodo «se desgrava ingresos brutos, con una eximición total por dos años y después, escalonadamente, por 10 años».

Agregó que también se propone el Índice de Disminución de Tasas (IDT) «que es un reintegro que da la Provincia del Chaco, a través de la administración central, a quienes tomen crédito para que tengan beneficio del 1,5 % quienes lo hagan en el Gran Resistencia, 2 % en el interior de nuestra provincia y 3 % los que lo hagan en El Impenetrable».

«Lo que buscamos de fondo no es solo dar competitividad a los productos chaqueños a nivel nacional sino que muchas de las debilidades y problemas estructurales de mucho tiempo que le quitan competitividad a nuestra producción en el interior pueda estar de alguna forma subsanada, que podamos achicar las asimetrías que tiene siempre nuestro interior con el resto del país», afirmó.

Mencionó que los incentivos también estarán dirigidos a quienes contraten logística chaqueña.

«Logísticas de empresas de la provincia del Chaco van a tener mayor disminución de impuestos a partir de esta ley».

«Buscamos un cambio de paradigma y mostrar que los productos, los bienes y servicios que se generen en la provincia de Chaco no solamente tienen algo importante que ofrecer a los chaqueños sino al mundo. Que hayan condiciones extraordinarias», sostuvo.

Explicó que además se suma el Certificado de Crédito Fiscal Transferible, como en la promoción industrial, pero con un aumento de tope hasta el 60 % «lo que va a permitir que quienes generen inversiones tengan un reintegro mayor».

«Sabemos que es perceptible, mejorable y hay muchas cosas necesarias que podemos ir trabajando a lo largo del tiempo, pero este es un primer paso necesario, importante y que esperamos pueda darle oxígeno a las empresas de Chaco, promover la actividad privada y que mostremos que en nuestra provincia hay mucha gente con mucha dignidad que quiere salir adelante y mostrar su valor», destacó.

¿Qué le parece el RINI? ¿Cree que ayudará a las empresas chaqueñas? ¿La estabilidad jurídica por 30 años es un incentivo suficiente? ¿Las desgravaciones de Ingresos Brutos son significativas? ¿El IDT del 1,5 %, 2 % y 3 % es un beneficio real? ¿O es insignificante? ¿La prioridad para contratar chaqueños es un avance? ¿O es solo una declaración de buenas intenciones? ¿El Certificado de Crédito Fiscal Transferible con tope del 60 % es atractivo para los inversores?

Las posiciones durante el debate: oficialismo, oposición y críticas

¿Qué dijeron los distintos bloques? ¿Cuáles fueron los argumentos a favor y en contra?

Por el bloque Primero Chaco, la diputada Laura Fogar adelantó el acompañamiento del espacio que encabeza Atlanto Honcheruk, decisión a la que arribaron «a partir de las modificaciones que propusimos y trabajamos».

«Nuestra prioridad es defender el empleo chaqueño», dijo la legisladora.

Destacó el planteo de las entidades representativas de trabajo y producción, como la de la Federación Económica del Chaco y remarcó que «coincidimos en un punto clave: no alcanza con buscar nuevas empresas si nos olvidamos de las industrias que ya están instaladas. Por eso promovimos que se garantice que las empresas que ya están radicadas también puedan acceder a incentivos, si invierten o amplían su producción».

«Además, logramos acordar un punto central y no negociable para nosotros: la seguridad de contratar mano de obra chaqueña: trabajadores con residencia en Chaco, exigiendo que las industrias que se instalen prioricen a nuestra gente».

Otra propuesta del bloque incorporada al texto es la creación de un Consejo Consultivo Provincial de Inversiones «de informes periódicos a esta Legislatura para la participación y transparencia».

«Consideramos fundamental que al momento de reglamentar esta ley el Poder Ejecutivo convoque, escuche a los distintos sectores que serán protagonistas de su aplicación», sostuvo la diputada que incluyó, además de los sectores empresariales e industriales, a los representantes de trabajadores, organizaciones vinculadas a las actividades alcanzadas por este Régimen.

Por el bloque PJ, su presidente, el diputado Nicolás Slimel, contrastó la realidad económica que atraviesa Chaco con un debate sobre nuevas inversiones.

«Acá tenemos un problema principal que es económico. Este modelo económico de país está destruyendo la matriz productiva y, lamentablemente, si no hay consumo, va a ser muy difícil que haya producción, empleo de calidad y que los empresarios quieran venir a invertir acá o en cualquier provincia».

Con datos que replicó el Monitor Económico de la Bolsa de Comercio, en Chaco se perdieron 3.075 puestos de trabajo privado registrados y un poco más de 410 empresas.

«Debatimos sobre nuevas inversiones cuando ni siquiera podemos cuidar las que están».

Agregó que a dos años de la sanción del RIGI, «hay cero inversiones en Chaco, no vino ni una». Sacó en blanco del proyecto de ley que la reducción de la tasa de interés que se propone para una empresa que se instale en el Gran Resistencia es de 1,5 %.

«En un préstamo de 100 millones de pesos les estamos por hacer un ahorro de $913.000 aproximadamente anuales, $76 mil mensuales. No paga ni el combustible de una camioneta con eso, una boleta de luz», remarcó.

«Estoy completamente de acuerdo con discutir nuevas inversiones, con que vengan miles de empresas y trabajo digno para los chaqueños. Pero no voy a fingir demencia, ni a sentarme acá a decir que esto está bien solamente para mostrar un gesto de buena voluntad que hay que darle a la gente que está afuera», sostuvo Slimel y pidió «mandar el proyecto a comisión porque no lo queremos votar en contra y hagan lo posible por incluir los puntos importantes para que no solo se traigan nuevas inversiones sino que se conserven a los empresarios que hoy ponen el lomo y trabajan de sol a sol para sostener esta provincia».

Su par de bloque, Pía Chiacchio Cavana, coincidió con su preopinante.

«Ustedes hablan de que el RINI promete trabajo, pero no lo exige en ningún articulado de la ley. Hablan de topes, pero no se encuentra en el articulado de la ley. Tomaron decisiones fiscales que van a ser perpetradas durante décadas y todavía no responden a la pregunta elemental de cuánto cuesta».

Trazó una analogía con la implementación del RIGI y acentuó que «van a utilizar beneficios tributarios como una herramienta central para atraer inversiones». Cuestionó la expresión del gobernador Leandro Zdero sobre «cambiar la matriz productiva» y lo contrastó con datos: 17 % de caída interanual de la industria, más de 10 puntos por debajo de noviembre de 2023 el empleo privado, la informalidad laboral superó el 50 % en el Gran Resistencia, más de 8 mil personas que perdieron su empleo privado. Habló de una «contradicción en la narrativa» y aseguró que hay déficit de infraestructura, financiamiento, de crédito, de logística y que «pretenden compensarlo resignando recursos públicos que le servirían para compensar justamente estos déficits». Se preguntó «para quiénes estamos legislando hoy cuando hay miles de empresarios que hoy están intentando sostener su actividad».

«No estamos discutiendo si inversión sí o inversión no. Más allá de nuestras diferencias políticas, todos estamos de acuerdo en que Chaco necesita inversión, pero a qué costo y a cambio de qué. Si vamos a resignar recursos públicos queremos saber cuánto; si el objetivo es generar empleo, queremos saber cuántos nuevos puestos de trabajo se van a exigir; si van a otorgar beneficios fiscales durante años, queremos saber qué pasa cuando una empresa no cumpla con la condición de generar trabajo».

Por el Frente Renovador, la diputada Katia Blanc se refirió al proyecto como titular de la Comisión de Industria. Tomó la posición que adoptaron los empresarios industriales que manifestaron que «este proyecto es un salvavidas o un paragolpes a la gran crisis económica que está atravesando la Provincia de Chaco». Habló de otro proyecto que descansa en cartera, sobre tarifas energéticas diferenciales para pymes y otro sobre compensación tarifaria; también de uno de mejoras de rutas. Destacó que en su participación en la Comisión de Hacienda incorporó «como prioridad» el compre chaqueño al proyecto y de la misma manera se incorporó el cupo para la incorporación de mano de obra chaqueña. Por otro lado, incorporaron un articulado «se llama simplificación de trámites» para que quienes se incorporen a nuevas inversiones o ampliaciones «no tengan que hacer todo el trámite de nuevo sino presentar una declaración jurada y documentación electrónica fiscalizada para ser beneficiarios».

«Esta ley es solo un paragolpes, un salvavidas, parafraseando a la Unión Industrial. Pero vamos a tener la posibilidad de ver qué pasa», dijo y pidió al Gobernador «que ponga el canal de la realidad, que no se olvide que hay un montón de gente en la calle, endeudada. Y pedirle a los diputados que no se vayan cuando tratemos desendeudamiento. Estamos acá sentados para mejorar, les pido que no se vayan. Vamos a acompañar».

Desde el bloque PJ, Santiago Pérez Pons reprochó que no se les haya participado del proyecto con las incorporaciones y pidió «respeto institucional». Repasó los resultados de la implementación del RIGI a nivel nacional evidenciando que un aplastante porcentaje de inversiones se direccionaron desde su sanción a la zona de Vaca Muerta y la explotación del petróleo.

«Según el INDEC, la formación bruta de inversiones es la más baja de los últimos 20 años», resaltó y agregó: «Le siguen diciendo a la gente que vienen a sancionar leyes a contramano de los datos. En tres años de gestión, el gobernador ningún proyecto de inversión y el presidente con la inversión extranjera neta más baja de la historia».

«Lo que propone principalmente el RINI, que está lejos de la visión de diagnóstico que hoy tiene Chaco, se presenta como un Régimen moderno, competitivo y estable. Habla de seguridad jurídica, racionalidad fiscal, deficiencia del gasto tributario y generación de empleo», dijo y analizó cada uno de los ítems del articulado de la ley tal como alta de trabajadores en donde «no hay ninguna condición ineludible».

«El mensaje dice que el financiamiento fiscal tiene salvaguardas contra el desfinanciamiento estatal porque se le pone un toque anual y el tope no existe», sostuvo y agregó que al respecto de la «estricta racionalidad fiscal no hay una sola cifra».

«Somos el top de los indicadores negativos. Chaco es la sexta provincia de la Argentina con mayor destrucción de empleo, la tercera en cierre de empresas, la cuarta en deterioro fiscal», repasó y cuestionó el proyecto del RINI en razón de no discutirse «una modificación estructural al programa económico y a la promoción industrial de la provincia».

Contrastó esta iniciativa con la que impulsan desde su bloque y aseguró que «el peronismo siempre ha tenido una política industrial, de inversión. Desde la vuelta de la democracia, los mejores momentos de inversión extranjera directa fueron con el peronismo. El producto de lo que hoy pasa en el sector del sur y en el sector energético es gracias al peronismo», sostuvo y destacó los 291 proyectos industriales impulsados durante la gestión anterior.

Por el bloque del PRO, Ernesto Blasco, defendió la iniciativa que se concatena «al RIGI nacional, que no vamos a discutir que en Chaco no tuvo efecto porque no estamos beneficiados por la naturaleza, no tenemos petróleo, gas, cobre, oro. Pero tenemos recurso humano y una carga tributaria enorme».

«En el RINI estamos hablando de bajar ingresos brutos, sellos. Hablamos de fondos de salud pública, de consorcios camineros».

Se detuvo específicamente en el análisis del artículo 7 sobre las adhesiones municipales y la disposición de que las Comunas puedan «dictar normas locales necesarias para su aplicación».

«Si nosotros no trabajamos concatenadamente con los municipios, con el Estado nacional, ninguno de estos Regímenes de incentivo va a funcionar. El Gobernador está poniendo todo de sí, ahora le toca a los municipios y a cada uno de los ciudadanos que vivimos en esas ciudades presionar a los municipios para que hagan lo que tengan que hacer».

Por su parte, Rodolfo Schwartz del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), arrancó su intervención mostrando una boleta de servicio de energía eléctrica de una pyme de las puertas de El Impenetrable cuyo importe es de $1.745.640. Agregó, a los ya dicho, otros datos: 1.098 empresas empleadoras «han desaparecido» y 9.500 trabajadores.

«La construcción cayó un 14 %, la industria manufacturera 9,8 %; los comercios mayoristas y minoristas 5,12 % que suma el 44,4 % del empleo registrado y eso es lo que ha caído», precisó.

Sostuvo que el crecimiento estuvo dado en rubros como agricultura, ganadería, caza 44 %, intermediación financiera en un 18,8 % y explotación de minas 18,6 %. Habló del endeudamiento en tarifas, algunas con alto riesgo y más de 365 días sin pagar. Con gráfico en mano, mostró los niveles de endeudamiento en Chaco con bancos, billeteras virtuales y con ambas, grupos etarios, promedios de deudas.

«Tenemos que ayudar a las pymes, tenemos que cambiar las tarifas que están ahogando, tenemos que sacar el endeudamiento al que nos ha llevado esta política nacional y provincial», sostuvo el legislador y afirmó: «Esto no va a cambiar nada», al tiempo que cuestionó «el engaño de lo que se dice sabiendo que no es así y la presión mediática».

Desde el Frente Grande, Tere Cubells, adelantó su voto «en contra» al proyecto del Ejecutivo y cuestionó el impulso de otras dos iniciativas: la ley de «desenganche» de los judiciales y la de eliminación de la cláusula gatillo. Sobre el proyecto en debate, criticó que se trata de una iniciativa alineada al modelo nacional, de mirada exportadora «y siempre con destrucción del ambiente».

«Hay una falta de compromiso con el compre local y la construcción de cadenas de valor de producción local. Lo que importa acá es como sumamos al proyecto extractivista. Y, por otro lado, lo que notamos, es la ausencia total y absoluta de protección al ambiente y al control ambiental. No hay evaluación, impacto, no hay un peso para los controles. Esto es una muestra, nuevamente, de una pleitesía total al rey Milei, siempre teniendo como dios a la rentabilidad y las ganancias y siempre a costa de nuestros recursos».

Desde el bloque oficialista Chaco Puede, Joaquín García, aseguró que la idea del proyecto es «generar o mejorar las condiciones para que el sector privado pueda invertir, crecer y generar trabajo».

«Se destina a impulsar la actividad económica, promueve habilitaciones y generar empleo formal. Contempla no solamente las nuevas inversiones sino proyectos que ya están funcionando y quieran cambiar, modernizarse o reconvertir su actividad».

Dijo que propone algo más importante que «meros beneficios fiscales» y es «discutir qué condiciones queremos generar».

«Considero que el RINI no debe analizarse como una medida aislada sino que forma parte de un camino que viene recorriendo nuestra provincia, como la baja de impuestos porque nuestra provincia fue una de las primeras y únicas que bajó impuestos», apuntó y mencionó también la habilitación del Puerto Las Palmas como política estratégica para mejorar la capacidad productiva. Lo mismo que la habilitación de la ruta provincial 3.

«El RINI forma parte de un conjunto de cosas que viene generando nuestra provincia hace tiempo. Existe un rumbo y el RINI viene a sumar una herramienta en esa rumbo», defendió y destacó la previsibilidad y la menor burocracia del proyecto para «acompañar al sector privado».

¿Qué opina de los argumentos de la oposición? ¿Tienen razón al decir que el RINI no exige trabajo ni pone topes? ¿O el oficialismo responde a las necesidades del sector productivo? ¿La ley beneficia a las pymes o solo a las grandes empresas? ¿El RINI es un salvavidas o un paragolpes? ¿O es un nuevo parche que no resolverá los problemas de fondo? ¿El Chaco necesita inversiones o primero hay que cuidar las empresas que ya están? ¿La crítica de Slimel sobre el ahorro de $76 mil mensuales es válida? ¿O es un análisis simplista? ¿La crítica de Cubells sobre la falta de protección ambiental es atendible? ¿O el RINI no es el lugar para regular el ambiente?

Conclusión: una ley que divide aguas

El RINI es una ley que genera expectativas y críticas. La pregunta es inevitable: ¿atraerá inversiones o será un nuevo intento fallido? ¿Las empresas chaqueñas podrán aprovecharlo? ¿O solo beneficiará a las grandes? ¿La estabilidad jurídica por 30 años es suficiente para atraer capitales? ¿O los inversores necesitan más? ¿El RINI es una política de Estado o una apuesta electoral? ¿El Gobierno provincial tiene un plan integral de desarrollo o solo parches? ¿La oposición tiene razón al decir que sin consumo no hay inversión? ¿O el RINI es un primer paso? ¿Los chaqueños verán beneficios concretos? ¿O todo quedará en anuncios y promesas?

La ley ya es un hecho. ¿Ahora qué? ¿Cómo se reglamentará? ¿Se escuchará a todos los sectores? ¿Se controlará que las empresas cumplan? ¿O el RINI será una caja de sorpresas? ¿La Justicia y los organismos de control tendrán un rol? ¿O el Poder Ejecutivo manejará todo a discreción?