“Doble crimen”: Embarazada intentó ingresar 51 gramos de cocaína oculta en su cuerpo a Villa Ángela y cayó por un llamado anónimo

Un operativo en la terminal, una revelación médica y una decisión que pone en juego dos vidas. El dato de un desconocido encendió las alertas y terminó con una joven de 20 años imputada por la Ley de Estupefacientes. Pero detrás del decomiso hay una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la desesperación o la complicidad para arriesgar un embarazo de esta manera?

No fue un control de rutina. No fue un perro detector ni un escáner. Fue una llamada telefónica, anónima, breve y certera, la que puso a la Policía del Chaco sobre la pista de una mujer que viajaba con un cargamento oculto en el lugar más impensado. Y cuando los efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela la interceptaron, se toparon con una escena que heló la sangre: la sospechosa tenía 20 años, estaba embarazada y llevaba adherido a su cuerpo un envoltorio cilíndrico que contenía 51,16 gramos de cocaína pura. El procedimiento, avalado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Sáenz Peña, comenzó con un operativo de vigilancia en la Terminal de Ómnibus y paradas estratégicas de la ciudad. Los investigadores no sabían quién era ni cómo llegaría, pero sí tenían certeza de que algo ilegal estaba por ingresar. La paciente espera terminó dando frutos: al identificar a la joven y requisarla, hallaron dosis fraccionadas de una sustancia blanquecina, un teléfono celular, anotaciones manuscritas con cifras y nombres, y los pasajes que acreditaban su viaje de media distancia. Sin embargo, lo que parecía un hallazgo menor se transformó en una alerta mayor. La mujer, visiblemente nerviosa, confesó su estado de gestación. Fue entonces que los agentes, con el debido resguardo legal, la trasladaron al Hospital “Salvador Mazza”, donde una médica profesional confirmó lo que el olfato investigativo ya intuía: en su cavidad íntima, la joven había introducido un paquete cilíndrico que, tras la prueba de campo, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 51,16 gramos.

La Justicia Federal, a través del Juzgado interviniente, ordenó el secuestro de la totalidad de la droga, el teléfono y los elementos secuestrados. La mujer quedó notificada de su aprehensión y fue imputada por infracción al artículo 5° de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que prevé penas de 4 a 15 años de prisión para quien comercialice, transporte o tenga en su poder estupefacientes con fines de tráfico. Pero el caso no es un número más en las estadísticas judiciales. Los investigadores no descartan que la joven haya actuado por coacción o como “mula” de una organización mayor, aprovechando su condición de embarazada para eludir controles. “El embarazo no es un escudo, pero muchas bandas lo usan como tal. Acá el dato anónimo fue clave, porque si no, esa droga hoy estaría en las calles, vendida al menudeo”, confió una fuente cercana al caso.

Este cronista se pregunta, y se lo planteo a ustedes, lectores: ¿Es posible que una madre en gestación tome semejante riesgo por voluntad propia, o estamos ante un nuevo rostro de la explotación narco? ¿Qué tipo de red o de presión económica, afectiva o violenta puede empujar a una persona a poner en peligro no solo su libertad, sino la vida de su bebé por nacer? La cocaína, en estado puro, puede atravesar la barrera placentaria y provocar abortos espontáneos, desprendimiento de placenta, partos prematuros o graves daños neurológicos en el feto. No es un dato menor. La fiscalía ya evalúa ampliar la imputación si se comprueba que hubo dolo respecto del daño potencial al nonato. Como periodista que ha cubierto decenas de operativos antidrogas en el Norte argentino, veo en este hecho una doble tragedia: la de una joven atrapada en el engranaje del microtráfico y la de un sistema que, muchas veces, mira para otro lado cuando las “mulas” son mujeres vulnerables. Pero también veo una eficacia inusual: el dato anónimo funcionó, el protocolo con el hospital se cumplió y la droga no llegó a su destino. Sin embargo, me preocupa que el foco quede solo en el decomiso. La pregunta de fondo es ¿quién dio el dato?, ¿quién la reclutó?, y sobre todo, ¿cuántas otras mujeres en su misma condición viajan hoy por rutas argentinas con sus cuerpos convertidos en paquetes? Este caso debería abrir un debate provincial y nacional sobre la protección de embarazadas en contextos de narcotráfico y la necesidad de políticas de contención, no solo de represión. Villa Ángela ahora tiene un nuevo capítulo en su crónica policial. Pero mientras el expediente judicial avanza, una joven de 20 años duerme en una celda y su hijo, aún no nacido, carga con la peor de las condenas: la de haber sido, aunque sea por unas horas, un escudo para un cargamento de muerte.

¿Creés que el sistema judicial debería considerar el embarazo como atenuante en estos casos, o el riesgo para el feto agrava la responsabilidad de la madre? Dejanos tu comentario.