El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de Rutas Nacionales mediante peajes
Lo confirmó a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial. Establece un esquema de delegación temporal, aunque los caminos seguirán bajo control nacional. La medida habilita a las jurisdicciones a administrar, reparar y mantener tramos viales federales mediante concesiones de obra pública.
El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de Rutas Nacionales emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, manteniendo el Estado nacional la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre esos caminos. «Es una decisión histórica. Las provincias podrán hacerse cargo de sus rutas y cobrar peaje para mantenerlas», explicó a este medio un especialista en infraestructura vial.
La decisión quedó establecida por intermedio del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El artículo 1 del texto oficial establece que las provincias alcanzadas por la flamante normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. «No están todas las provincias, pero es un primer paso. Las que no están incluidas pueden pedir su incorporación», señaló el especialista.
Delegación temporal y revocable
El documento aclara que la delegación tendrá carácter «funcional, limitado, temporal y revocable» y que «no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional». «La ruta sigue siendo nacional, pero la gestión pasa a la provincia. La Nación puede recuperarla cuando quiera», explicó.
Según los considerandos, varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios, con el objetivo de asumir «la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento» de esos tramos, en el marco del «fortalecimiento del régimen federal». «Las provincias quieren arreglar sus rutas, pero la Nación no tiene plata. Esta es una solución», señaló el especialista.
Convenios específicos con Vialidad Nacional
Para hacer efectiva la delegación, el artículo 2 dispone que las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se individualicen los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y auditoría, y «la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a reclamos derivados de la concesión». Esos acuerdos deberán ser aprobados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones resultantes no podrán exceder los 30 años de duración. «El plazo es largo, pero es el estándar para este tipo de concesiones. El inversor necesita tiempo para recuperar lo que invierte», explicó.
Los fondos de peaje no podrán desviarse
El decreto también establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes «no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras» ajenas a la concesión otorgada, y que los tramos delegados «no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial» con rutas de otras jurisdicciones. «La plata del peaje tiene que usarse para mantener ese tramo, no para otra cosa. Es una garantía para el usuario», señaló el especialista.
Plazo de un año para licitar
En caso de que las provincias no convoquen la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto. Asimismo, si el contrato de concesión se extingue por cualquier causa, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente. «Las provincias tienen un año para moverse. Si no, la Nación se lleva la ruta de vuelta», explicó.
El decreto invita también a las jurisdicciones no incluidas en esta norma a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior. «Las provincias que quieran sumarse pueden hacerlo. El decreto está abierto», concluyó el especialista.
En primer lugar, el Decreto 253/2026 habilita a nueve provincias a concesionar tramos de Rutas Nacionales mediante peajes. A continuación, las provincias alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Además, la delegación es temporal y revocable, y la Nación mantiene la titularidad de las rutas. Por último, las provincias tienen un año para licitar; si no lo hacen, la delegación queda sin efecto.
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