El negocio educativo de Milei y Musk: ¿conexión o concesión millonaria?

La decisión del Gobierno de adjudicar a Starlink, la empresa de Elon Musk, la conectividad de 6.000 escuelas rurales no solo enciende alarmas por el costo, sino que abre una caja de preguntas incómodas: ¿por qué pagar casi el triple que lo que cobra la empresa estatal ARSAT? ¿Y por qué el contrato se firmó sin concurso, sin transparencia y con una «donación» que termina siendo una trampa presupuestaria?

El dato que incomoda: u$s 160 vs. u$s 60

El convenio oficial, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado –a través de provincias y municipios– deberá abonar u$s 160 mensuales por escuela una vez finalizados los primeros 36 meses del programa. Ese período incluye dos años de servicio «donado» y un tercero financiado por el Fondo del Servicio Universal.

La comparación es inmediata y brutal: ARSAT, la empresa estatal de satélites, ofrece un servicio similar por u$s 60 mensuales. La diferencia es de más del 160%. Y no es menor: ARSAT ya conecta a 1.845 escuelas rurales y, según sus propios técnicos, podría ampliar esa cobertura sin problema con sus satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, que alcanzan velocidades de hasta 50 megas por segundo.

Entonces, la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué el Gobierno elige una opción más cara, con un actor extranjero, y deja afuera a la empresa pública que ya tiene la infraestructura y la experiencia?

Una donación con trampa: «el primero te lo regalan»

El acuerdo se enmarca bajo la figura de «donación con cargo». Pero el cargo, en este caso, es seguir contratando al donante. Starlink dona los equipos y 24 meses de servicio, pero condiciona la operación a que el Estado asuma el pago desde el mes 25. Es decir, una cesión inicial que genera una deuda futura.

El analista en telecomunicaciones Enrique Carrier lo plantea con crudeza: «No hubo concurso, ni subasta, ni participación de otras empresas. No sabemos qué tecnología, qué velocidad ni qué precio ofrecerían otros actores».

Y agrega un vacío más: no se sabe qué pasará después del tercer año. ¿Habrá un precio fijo? ¿Quién lo regulará? ¿Qué pasa si una escuela supera el consumo de datos?

¿Es razonable que el Estado argentino se ate a un contrato de largo plazo con una empresa privada extranjera, sin saber siquiera el listado de escuelas beneficiadas ni los criterios de selección?

El círculo perfecto: Starlink dona, cobra y se descuenta

Uno de los puntos más oscuros del acuerdo aparece en una cláusula que el Boletín Oficial no publicó en su versión completa: los costos de instalación de las antenas –que paga el Fondo del Servicio Universal– podrán ser deducidos del aporte mensual que Starlink debe hacer a ese mismo fondo (el 1% de sus ingresos brutos).

En otras palabras: el dinero que Starlink recibe por instalar, lo descuenta de lo que debe pagar. El resultado final es que el Estado financia su propia contratación, y la empresa de Musk no pone un peso real, sino que compensa su obligación legal con un contrato que ella misma gestionó.

¿Es ético? ¿Es legal? ¿Es una ingeniería financiera para disfrazar un desvío de fondos públicos hacia una corporación que factura millones?

ARSAT: la deuda, la exclusión y el silencio oficial

Mientras tanto, ARSAT reclama una deuda superior a u$s 60 millones por servicios ya prestados a escuelas rurales. El Gobierno no paga, pero destina u$s 22 millones a este nuevo convenio con Starlink.

Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, lo dice sin vueltas: «Esa es la plata que quieren desviar a Starlink».

El planteo no es menor: si el Estado ya tiene una empresa pública capaz de dar el servicio a menor costo, con tecnología propia y con personal argentino, ¿por qué se prefiere a un gigante extranjero que no tiene oficinas locales ni obligaciones fiscales claras?

¿Acaso es parte de una estrategia de desguace del Estado, o simplemente una muestra de alineamiento político con Elon Musk?

Lo que no se sabe: escuelas, velocidad, límites y control

El anexo del convenio no especifica:

• La velocidad mínima garantizada.
• El cupo de datos mensual por escuela.
• Qué sucede si el servicio es interrumpido o deficiente.
• El listado de las 6.000 escuelas beneficiadas.
• El criterio de distribución por provincias.
• Qué ocurre si una escuela supera el consumo previsto.

Tampoco hay un mecanismo de control público, ni auditoría, ni participación de las comunidades educativas.

¿Estamos ante un programa de inclusión digital o ante un contrato a medida de una corporación con intereses geopolíticos y comerciales?

Provincias que ya se adelantaron: Córdoba y San Juan

Córdoba ya compró 825 antenas Starlink para sus escuelas rurales, y San Juan hizo lo propio en menor escala. Pero el programa nacional no coordina con esas iniciativas, no hay un mapa único, ni un criterio federal.

Entonces, ¿quién decide qué escuela queda conectada y cuál no? ¿Qué criterio técnico, social o geográfico se aplica?

Reflexión final: ¿conectividad o concesión?

Conectar escuelas rurales es una necesidad urgente e inaplazable. Pero la forma en que se está llevando a cabo este programa plantea más preguntas que certezas:

• ¿Por qué pagar más por un servicio que ya se ofrece más barato?
• ¿Por qué excluir a la empresa pública sin evaluación técnica?
• ¿Por qué firmar sin concurso y con cláusulas que benefician al donante?
• ¿Por qué ocultar la lista de escuelas y los criterios de selección?

El lector tiene derecho a saber si este acuerdo es un paso hacia la equidad digital o una cesión de soberanía tecnológica y recursos públicos en favor de un multimillonario que ni siquiera paga impuestos en Argentina.

La transparencia no es un lujo: es una condición democrática. Y aquí, por ahora, brilla por su ausencia.

¿Qué opinás vos? ¿Es un avance necesario o un negocio encubierto? La discusión recién empieza.