El Senado se tensa: al oficialismo se le complican los números para aprobar la extranjerización de tierras

Crecen los rumores de cambios de postura entre aliados provinciales al calor del rechazo social al proyecto que elimina las limitaciones a la adquisición de tierras productivas por parte de capitales foráneos. La Iglesia, la vicepresidenta Villarruel y senadores radicales y patagónicos suman presión en la recta final.


BUENOS AIRES – Patricia Bullrich lo intentó con una sonrisa y una frase confiada: «Están de vacaciones, pero van a venir». Pero el panorama en el Senado, a horas de que se reanude el debate sobre el polémico proyecto de extranjerización de tierras, parece mucho más complejo que unas simples ausencias programadas. El oficialismo que lidera la jefa del bloque en la Cámara alta enfrenta su prueba más dura desde que asumió el control de la agenda legislativa. El proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, busca eliminar las restricciones vigentes desde 2011 que limitan la compra de tierras productivas por parte de extranjeros. Y lo que antes parecía una iniciativa con viento a favor, hoy se tambalea ante un creciente rechazo social que ya tiene rostros y voces muy concretas. La sesión del jueves, que retomará el cuarto intermedio del 16 de julio, encontrará a Bullrich con una tarea titánica: recomponer los apoyos que se empezaron a resquebrajar en las últimas semanas. No es solo una cuestión de números. Es una cuestión de presión social, de alianzas frágiles y de contradicciones internas dentro del propio espacio gobernante.


El fantasma de la soberanía territorial


El corazón del conflicto está en el capítulo que elimina los límites legales a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. La ley sancionada en diciembre de 2011, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, estableció que no puede enajenarse más del 15% del territorio nacional y que ninguna persona física o jurídica puede poseer más del 30% de ese cupo. El proyecto de Sturzenegger barre con todo eso. Para las personas físicas y jurídicas privadas, elimina cualquier límite. Para las empresas con participación estatal extranjera, establece un sistema de «doble conforme» que requiere autorización de la provincia y de Nación, pero deja a la reglamentación definir los detalles. Ese vacío normativo es lo que tiene en vilo a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales. La pregunta que resuena en los pasillos del Congreso es simple pero inquietante: ¿quién controlará realmente la tierra argentina si esta ley se aprueba?


Las fisuras en el oficialismo y sus aliados


El primer frente de resistencia está en la propia bancada oficialista y en los bloques dialoguistas que hasta ahora le habían dado aire al Gobierno. Los senadores radicales, en particular, han sido un bastión de incertidumbre. Al menos tres de ellos ayudaron a dar quórum en la sesión del 16 de julio para aprobar pliegos judiciales, pero dejaron claro que no votarían el capítulo de tierras. En la Patagonia, el rechazo es aún más profundo. Las senadoras de Chubut, la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (Pro), manifestaron reparos a varios artículos del proyecto. Ambas juegan alineadas con el gobernador Ignacio Torres (Pro), quien mira con desconfianza una norma que podría abrir las puertas a la compra masiva de tierras en una región estratégica para la soberanía nacional. «Esto se define en los próximos dos días», respondieron en tono enigmático desde el despacho de una de las legisladoras patagónicas. La frase, cargada de incertidumbre, refleja el clima de definiciones de último minuto que se vive en el Senado.


La calle, la Iglesia y Villarruel: un frente inesperado


Pero las complicaciones para el oficialismo no vienen solo del recinto. El rechazo social al proyecto crece día a día y amenaza con cristalizarse este jueves en una manifestación frente al Congreso, con la participación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Uno de los actores más activos en esta oposición ha sido la Iglesia Católica. Desde el primer debate en comisiones, manifestó su rechazo al proyecto, aunque en aquel momento el foco estaba en el capítulo que eliminaba el programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia. Ese artículo finalmente quedó afuera, pero la Iglesia mantiene su postura crítica ante la extranjerización de tierras. A este coro se sumó una voz inesperada: la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La titular del Senado ha hecho de su militancia activa en redes sociales contra el proyecto un motivo más para diferenciarse del gobierno de Javier Milei. Su postura, pública y tajante, agrega presión sobre los senadores que deben decidir su voto y profundiza la grieta dentro del propio espacio libertario.


Las idas y vueltas de una ley polémica


El proyecto no es solo extranjerización de tierras. También busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modificar los requisitos para que el Congreso lleve a cabo expropiaciones y cambiar varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por catástrofes. Pero el capítulo de tierras se ha convertido en el eje del conflicto. La última postergación, la tercera desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión, fue precisamente por la falta de votos para aprobar ese artículo. Bullrich justificó el cuarto intermedio en las vacaciones de los senadores aliados, pero los rumores de cambios de postura y la presión social sugieren que el problema es más profundo. La intervención de Sturzenegger en las horas previas a la sesión del 16 de julio, cuando envió a varios senadores su rechazo a reconocer la potestad de las provincias para fijar sus propios límites a la venta de tierras a extranjeros, terminó de complicar el panorama. Varios legisladores plantearon dudas sobre un proyecto que, sospechaban, podría terminar en un veto parcial del Ejecutivo.


Un jueves de definiciones


Este jueves, el Senado se enfrentará a un escenario de alta tensión. La pregunta que Bullrich evitó responder con claridad hace dos semanas vuelve a flotar en el aire: ¿están los votos? El oficialismo necesita recomponer alianzas, calmar las aguas con los gobernadores, contener a los radicales y lidiar con la presión de la calle. La sonrisa pícara de la jefa del bloque oficialista, aquella que acompañó su confianza en que los senadores volverían de sus vacaciones para dar los votos necesarios, hoy parece un recuerdo lejano. El tiempo se agota. Las posiciones se endurecen. Y el rechazo social, lejos de amainar, se fortalece. El jueves, el Senado argentino definirá no solo el destino de un proyecto de ley, sino también los límites de la soberanía sobre la tierra que habita y alimenta a este país.