La letra chica del traspaso de rutas a los gobernadores
El gobierno de Javier Milei habilitó un esquema de delegación parcial de rutas nacionales a las provincias, pero sin transferir fondos ni jurisdicción. La medida obliga a los gobernadores a hacerse cargo de obras y mantenimiento mediante concesiones privadas con peajes, mientras la Nación continúa reteniendo los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que por ley deberían destinarse a infraestructura vial.
Fondos retenidos y denuncias
Según una denuncia presentada por diputados opositores, desde diciembre de 2023 el Ejecutivo retuvo ilegalmente $1,165 billones del ICL. Legisladores como Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz advirtieron que el desvío de fondos del fideicomiso Sisvial “desnaturaliza” su objetivo, ya que fue creado para sostener y mejorar la red vial, no para equilibrar las cuentas fiscales.
Delegación temporal y limitada
El decreto 253/26 establece que la cesión es funcional, limitada, temporal y revocable, sin implicar transferencia de dominio público ni jurisdicción federal. Las provincias deberán firmar convenios específicos con Vialidad Nacional, que conservará la facultad de supervisar y revocar concesiones. Los plazos podrán extenderse hasta 30 años, pero si en un año no se convoca a licitación, el convenio caduca automáticamente.
Viabilidad económica y más peajes
El esquema prevé que las provincias financien las obras con peajes, aunque gran parte de los corredores no cuenta con un flujo de tránsito suficiente para justificar su instalación. En los casos donde sí se habiliten cabinas, las tarifas serían más altas que las previstas en futuras concesiones nacionales y superiores a las vigentes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Críticas legales
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) cuestionó la medida por “violar principios de legalidad, razonabilidad y federalismo”, al carecer de una ley formal que respalde la provincialización. Ricardo Lasca, coordinador de la entidad, sostuvo que resulta “inconcebible” que el Estado nacional abandone su obligación de mantener la red vial mientras recauda sumas multimillonarias del ICL.
La decisión abre un nuevo frente de tensión entre Nación y provincias, que ahora deberán asumir el costo político y económico del estado de las rutas. ¿Creés que este esquema de delegación vial puede funcionar en el Chaco y otras provincias, o que debería garantizarse primero la transferencia de fondos para asegurar obras reales?
