¿Milei quiere destruir la universidad pública? La pregunta que divide al país
No es solo ajuste. Detrás del recorte hay una batalla ideológica, un modelo de país y una decisión que ya llegó a la Justicia.
3 de Mayo, 2026
La frase suena fuerte. Pero circula en asambleas universitarias, redes sociales y hasta en informes del CONICET. ¿Por qué tantos aseguran que Javier Milei busca “destruir” la universidad pública? ¿Es una exageración militante o hay datos que la respaldan?
Analicemos con frialdad periodística, sin gritos.
Los números que duelen
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% real acumulado entre 2023 y 2026. Los salarios docentes y no docentes perdieron 32% de poder adquisitivo en el mismo período. Hoy, denuncian, son los más bajos en 23 años.
Los gastos de funcionamiento (luz, agua, mantenimiento, bibliotecas) están en apenas el 40% de los valores de enero de 2023. En la práctica: muchas universidades ya no pueden abrir de noche o comprar insumos para laboratorios.
El argumento oficial: “No hay plata”
El Gobierno responde que el déficit cero es innegociable. Que cualquier gasto extra pone en riesgo la baja de la inflación. Y que las universidades deben modernizarse, rendir cuentas y priorizar carreras con salida laboral.
Pero los críticos señalan una contradicción: mientras se recortan partidas universitarias por el equivalente al 0,23% del PIB, el Gobierno redujo el Impuesto a los Bienes Personales, que implica dejar de recaudar entre el 0,29% y 0,61% del PIB. Entonces, preguntan: ¿no hay plata o hay otra prioridad?
¿Por qué “destruir” y no solo “ajustar”?
El analista Carlos Andujar (docente de la ISFD Nº41 y UNLZ) sostiene que el presidente tiene un dogma antiepúblico. Para Milei, “lo público” sería sinónimo de ineficiencia y privilegio. Y la universidad estatal, un espacio crítico que desafía al mercado.
Según esa mirada, el objetivo no sería simplemente recortar, sino abrir el negocio educativo a privados, ONG y fundaciones empresariales. Es decir: que la educación superior deje de ser un derecho y se convierta en un servicio más, con aranceles, créditos y lógica de cliente.
Lo que dice la Justicia
El 31 de marzo pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario (sancionada por el Congreso, vetada por Milei y luego ratificada por mayoría especial). El Ejecutivo, sin embargo, apeló a la Corte Suprema.
Mientras tanto, las aulas siguen abiertas. Pero con menos profesores, menos becas, menos investigadores y más incertidumbre.
Y vos, ¿qué pensás? ¿Es ajuste legítimo o ataque ideológico?
El debate no es menor. Porque lo que pase con la universidad pública en los próximos meses definirá no solo el bolsillo de los docentes, sino también qué tipo de país queremos construir. O, como dice Sirvent, si seguimos siendo capaces de “soñar, pensar y hacer un mundo mejor”.
*Fuentes: CIN, Observatorio de Elites CITRA UMET-CONICET, Oficina de Presupuesto del Congreso, fallos judiciales de marzo 2026.*
