Tito López, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos y asociación ilícita
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó este jueves una sentencia histórica. El dirigente piquetero Ramón Alberto «Tito» López fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. No cayó solo: su esposa, Librada Romero, y sus tres hijos, David, Walter y Daniel López, también fueron hallados culpables y recibieron penas de 9 años de cárcel cada uno.
Los jueces Juan Manuel Iglesias, Osvaldo Facciano y Enrique Bosch leyeron la parte resolutiva del fallo tras varias jornadas de debate. Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Tito López la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos vinculados a la administración pública y una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas. Para Librada Romero y sus hijos, la condena incluyó las mismas inhabilitaciones y multas económicas.
La sentencia también ordenó poner a disposición judicial las extensiones de tierras fiscales involucradas en la causa, junto con las mejoras realizadas y los animales existentes en esos predios. Además, dispuso el decomiso de los bienes considerados producto o provecho de las maniobras ilícitas.
El fiscal federal Federico Carniel había pedido penas más severas: 13 años para Tito López y su esposa, y 12 años para los tres hijos. Pero el tribunal consideró que las pruebas reunidas justificaban los 10 y 9 años, respectivamente.
La investigación, impulsada originalmente por el fiscal Patricio Sabadini, reveló un patrimonio millonario que la familia López no pudo justificar. Ocupaban más de 1.200 hectáreas en cercanías de Cote Lai, adquirieron ganado y vehículos de alta gama, compraron campos y viviendas, y utilizaron fundaciones que facturaban millones de pesos al Estado provincial, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La fiscalía también expuso que tanto Tito López como su núcleo familiar registraban escasa o nula actividad económica formal, movimientos bancarios mínimos y una situación fiscal incompatible con el patrimonio acumulado.
En paralelo, la causa detectó contratos de leasing sobre tierras fiscales otorgadas por el Estado provincial, que habrían sido arrendadas a empresarios agropecuarios privados mediante maniobras consideradas irregulares por la Justicia Federal. El caso se convirtió en uno de los más resonantes de los últimos años en el Chaco por el volumen del patrimonio detectado, las conexiones con organismos estatales y el manejo de fondos públicos destinados a proyectos productivos.
