El Norte Grande respalda al sindicato de Vialidad y exige el fin del «ahogo financiero» a las rutas nacionales
El reclamo del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) por el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la retención de fondos del impuesto al combustible sumó un aliado de peso: el Parlamento del Norte Grande. En el marco de su 58° Sesión Plenaria, los legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA aprobaron un documento en el que exigen «el cese del ahogo financiero» y «el ingreso directo de los recursos a la DNV» .
La dirigente sindical Graciela Aleñá, que había expuesto la semana pasada ante la mesa ejecutiva del Parlamento, celebró el respaldo y destacó que «nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla».
Un reclamo que no es nuevo: rutas abandonadas y fondos retenidos
El gremio denunció que, tras 30 meses de gestión del gobierno nacional, «las rutas nacionales se encuentran, sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables» . La causa principal, según el sindicato, es el desfinanciamiento de Vialidad Nacional por la decisión del Ejecutivo de retener de forma ilegal los fondos que se recaudan del impuesto al combustible para el mantenimiento, planificación y construcción de rutas .
Aleñá fue contundente en su diagnóstico: «desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar», es decidir que «el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país». La dirigente ya había advertido en ocasiones anteriores que el gobierno retiene fondos específicos del SISVIAL, que deberían destinarse al mantenimiento vial, mientras las rutas se caen a pedazos .
La sospecha de fondo: ¿un paso hacia la privatización?
El gremio no solo denuncia el desfinanciamiento, sino que lo interpreta como parte de una estrategia deliberada: «promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional con el propósito de hacer ver a la sociedad que los trabajadores no mantienen las rutas y así ceder y concesionar las rutas a las provincias» .
El sindicato ya había rechazado el Decreto 253/26, que habilita la concesión de distintos tramos de rutas nacionales, y alertó sobre el desguace del organismo, los retiros involuntarios y el deterioro salarial de los trabajadores .
Las provincias del Norte Grande dicen presente
El respaldo del Parlamento del Norte Grande es un gesto político de peso. Las diez provincias que lo integran entienden que el deterioro de las rutas nacionales no es un problema menor: pone en riesgo la conectividad productiva, el turismo, la salud y la seguridad vial de sus habitantes.
En el documento aprobado, los legisladores se comprometen a apoyar los reclamos del sindicato y a exigir al Ejecutivo nacional que libere los fondos retenidos. El mensaje es claro: el Norte Grande no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras sus rutas se desmoronan.
