Tensión en las aulas: la Provincia de Buenos Aires blindó a sus escuelas ante la inspección nacional por el paro docente
El gobierno bonaerense instruyó a directivos e inspectores a no brindar información a los fiscalizadores nacionales, en medio del paro docente y la amenaza de sanciones por el incumplimiento del 75% de presentismo.
BUENOS AIRES – El conflicto educativo alcanzó este lunes un nuevo pico de tensión. Mientras la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) llevaba adelante un paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto, la provincia de Buenos Aires le cerró la puerta en la cara a los fiscalizadores del gobierno nacional.
Por instrucción de la Dirección General de Cultura y Educación, inspectores y directivos de escuelas bonaerenses recibieron una orden clara: no suministrar información a los agentes nacionales que pudieran presentarse a verificar el cumplimiento del 75% de presentismo, el piso que exige la Ley de Modernización Laboral que declaró a la educación como «servicio esencial» .
El argumento es constitucional y contundente. La Provincia sostiene que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización sobre materias reservadas a las provincias sin el correspondiente proceso político-parlamentario. En criollo: la educación es responsabilidad de la Provincia, y la Nación no tiene autoridad para meter sus narices en las aulas bonaerenses.
Dos visiones enfrentadas
El escenario no podía ser más polarizado. Por un lado, el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, había anticipado que realizaría «inspecciones muestrales» en escuelas de todo el país para verificar que los gremios cumplieran con la cobertura mínima del servicio . La advertencia incluía sanciones para quienes incumplieran la normativa.
Por el otro, los gremios docentes, nucleados en CTERA y con el apoyo de sindicatos bonaerenses como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, sostenían que la medida de fuerza era legítima y que el gobierno nacional estaba «desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios» . Los reclamos incluían la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del FONID, recomposición salarial y mayor inversión en infraestructura escolar y comedores .
En ese contexto, la instrucción de la Provincia de Buenos Aires no solo buscaba proteger a sus escuelas de una posible sanción, sino que se convertía en un acto político de reivindicación de la autonomía provincial frente al poder central.
El paro que paralizó el regreso a clases
El impacto del paro fue significativo. La medida coincidió con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero . En territorio bonaerense, la adhesión masiva dejó a miles de alumnos sin clases, al menos durante la jornada del lunes . Algunos sectores de SUTEBA, como la Multicolor, extendieron la protesta hasta el martes 4 .
Mientras tanto, en el interior del país, la situación se complicaba aún más por otros motivos. En la provincia de Chaco, la vuelta a clases se vio afectada no solo por el paro, sino también por la falta de agua potable que afecta a la ciudad de Sáenz Peña, donde los trabajos en el segundo acueducto dejaron a la mayoría de los barrios sin suministro. Un recordatorio de que, más allá de las disputas políticas, la realidad cotidiana sigue golpeando a las comunidades educativas.
Un día de clases que no fue
La jornada del lunes 3 de agosto quedará registrada como un punto de inflexión en el conflicto educativo entre la Nación y las provincias. Mientras el gobierno nacional intentaba imponer su autoridad mediante la fiscalización, la Provincia de Buenos Aires respondía con un blindaje institucional. Los gremios, en el medio, sostenían su reclamo con las aulas vacías y las calles llenas de protestas.
El agua no llegaba a Sáenz Peña. Los inspectores nacionales no podían ingresar a las escuelas bonaerenses. Y los chicos, una vez más, miraban desde sus casas sin saber cuándo volverían a las aulas con normalidad. En el medio de todo eso, la política, el derecho a huelga, el federalismo y la necesidad urgente de un acuerdo que ponga la educación en el centro de la agenda.
