Amenazas en escuelas: una provincia ya identificó a 73 responsables y quieren cobrarles hasta 6 millones de pesos a los padres por los operativos

En Santa Fe, el pago podría ser de hasta seis millones de pesos, según los recursos destinados al procedimiento. Hubo más de 400 denuncias que saturan los juzgados. El 95% de los involucrados en estos casos son menores de edad.

En medio de la preocupación generada por los mensajes intimidatorios que desde hace una semana circulan en escuelas de todo el país, el gobierno de Santa Fe identificó a 73 personas como responsables de esas amenazas. Las autoridades pretenden que los sospechosos paguen el costo de los operativos que se hicieron como parte de la investigación. «No puede ser que los delincuentes hagan una amenaza y los contribuyentes paguen la factura. Tienen que pagar ellos», expresó a este medio un funcionario provincial.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el 95% de los identificados son menores de edad. Por eso, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial apuntó contra los adultos responsables de esos estudiantes para que sean ellos quienes paguen los gastos que ocasionó investigar los actos amenazantes. «Los padres son responsables civilmente por los actos de sus hijos. Tienen que hacerse cargo», señaló el funcionario.

404 denuncias en una semana

Desde el MPA informaron que, entre el 15 y el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia y, en consecuencia, «hubo 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22». «Más de 400 denuncias en menos de una semana. Es una locura. Los juzgados están saturados», afirmó.

158 intervenciones en ámbitos escolares

En el mismo período se hicieron 158 intervenciones vinculadas con amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el 21. Cada uno de estos operativos, precisaron oficialmente, «implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados». «Cada operativo cuesta entre 5 y 6 millones. Si hay 158 intervenciones, la cuenta es millonaria. Alguien tiene que pagar», explicó.

«No es broma, es un delito»

Frente a este escenario, la secretaria de Gestión Institucional provincial, Virginia Coudannes, explicó que el gobierno «tomó la decisión de efectivizar el cobro de los operativos» porque este fenómeno que se repitió en establecimientos de toda la provincia reviste gravedad. «No es broma, es un delito», dijo. «Los chicos tienen que entender que esto no es un juego. Las consecuencias son reales», agregó.

Los padres tendrán que responder

«Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje», sostuvo la funcionaria. «Los padres no pueden decir ‘yo no sabía’. Son responsables de lo que hacen sus hijos», afirmó.

El procedimiento de recupero

El procedimiento de recupero se activa cuando se identifica a los responsables. A partir de allí, informaron desde la gobernación santafesina, comienza «un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso». Luego, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, a quienes se les otorga un plazo para cumplir con la obligación. «Si no pagan, la Justicia va a tener que ejecutar el cobro. No va a quedar en una simple intimación», advirtió.

El caso de Córdoba

En la misma sintonía, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas sean también las que afronten los costos de los operativos policiales. En esa provincia, hay 29 alumnos imputados por este tipo de hechos. «Santa Fe y Córdoba están en la misma línea. Los padres tienen que pagar. Es una medida ejemplificadora», concluyó el funcionario.

En primer lugar, en Santa Fe se identificaron 73 responsables de amenazas en escuelas. A continuación, el 95% son menores de edad, por lo que los padres deberían pagar los costos de los operativos (entre 5 y 6 millones de pesos cada uno). Además, hubo 404 denuncias y 158 intervenciones en ámbitos escolares en una semana. Por último, en Córdoba hay 29 alumnos imputados por hechos similares y también se busca que las familias paguen los costos.

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