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sábado 21 de noviembre de 2026
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Mitoire destacó los avances de la nueva Ley de Discapacidad

La norma fue votada por unanimidad en el Senado. Garantiza los fondos para prestaciones, compatibiliza el beneficio con el empleo formal y actualiza el nomenclador mensualmente. Ana María Mitoire, presidenta del IPRODICH, explicó que la ley establece un sistema permanente de protección y brinda previsibilidad y transparencia. "Ya tenemos nueva ley de discapacidad, un sistema permanente que da más previsibilidad, más transparencia y, esperemos, mucha más eficiencia a las políticas públicas", expresó. También aclaró que, por el momento, no hay que iniciar nuevos trámites ni gestionar un nuevo certificado.

hace 4 h
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La nueva ley de discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación abre una etapa de cambios en las políticas destinadas a las personas con discapacidad. La norma establece un sistema permanente de protección e incorpora previsiones para financiar las prestaciones. Así lo explicó Ana María Mitoire, presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), durante una entrevista con NORTE TV. Destacó que la legislación busca superar las limitaciones del régimen de emergencia y brindar estabilidad a los beneficiarios.

"Ya tenemos nueva ley de discapacidad, un sistema permanente que da más previsibilidad, más transparencia y, bueno, esperemos que mucha más eficiencia a las políticas públicas", expresó.
Entre los aspectos centrales, Mitoire mencionó que las personas con discapacidad podrán mantener una pensión mientras realizan un trabajo registrado, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También indicó que la norma contempla la continuidad de la cobertura sanitaria mediante el programa Incluir Salud o el sistema que eventualmente lo reemplace.

Otro avance es la incorporación de mecanismos específicos de financiamiento. Según explicó, los gastos que demande la aplicación de la ley deberán contar con respaldo presupuestario del Ministerio de Salud y, si esos recursos resultan insuficientes, se prevé recurrir a fondos del Tesoro Nacional. Esa previsión marca una diferencia respecto de la legislación de emergencia.

La normativa mantiene durante tres años una exención del 50% de los aportes patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad. Además, fortalece la participación del Consejo Federal de Discapacidad e incorpora auditorías periódicas y exigencias de transparencia en la administración de los fondos y los pagos a prestadores.

"Esto da como un horizonte de previsibilidad y de posibilidad de que la asignación sea real, que no pasaba con la ley de emergencia", sostuvo. Mitoire valoró el consenso alcanzado en el Congreso y el trabajo de las provincias en el Consejo Federal de Discapacidad. "Yo sí creo que esto es un punto de inflexión", afirmó.

Por último, la titular del IPRODICH aclaró que, por el momento, las personas con discapacidad y sus familias no deben iniciar trámites ni gestionar un nuevo certificado. Antes deberán cumplirse la promulgación y la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional, que definirán los procedimientos de implementación y las modificaciones administrativas. "Lo importante es que en este momento no se suspende ninguna prestación", remarcó. También manifestó su expectativa de que los prestadores reciban los pagos y compensaciones pendientes para garantizar la continuidad de los servicios. "Por el momento no hay trámites que hacer, es estar atentos no más a la reglamentación", insistió.

La nueva Ley de Discapacidad es un avance significativo después de años de régimen de emergencia. ¿Pero alcanza con una ley para garantizar derechos? La pregunta es pertinente porque la implementación y el financiamiento son los verdaderos desafíos.

Llama la atención la compatibilidad entre pensión y empleo formal. ¿Es un incentivo real para la inclusión laboral? La pregunta es clave porque muchas personas con discapacidad enfrentan barreras para acceder al trabajo.

La exención del 50% de aportes patronales por tres años es una medida interesante. ¿Será suficiente para que los empleadores contraten? La pregunta apunta a la efectividad de los incentivos.

La actualización mensual del nomenclador es una conquista. ¿Se cumplirá? La pregunta es necesaria porque la inflación erosiona los ingresos.

Finalmente, la pregunta de fondo: ¿qué pasa con las provincias? La ley es nacional, pero la implementación es local. ¿Hay recursos y capacidad para cumplirla? La respuesta dirá mucho sobre la equidad territorial en materia de discapacidad.

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