El Gobierno de Paraguay cruzó al defensor del pueblo de Formosa por pedir que frenaran el dragado en la Hidrovía
El titular de la ANNP dijo que las obras cuentan con autorización de Buenos Aires y apuntó al "desconocimiento técnico" del funcionario formoseño. El defensor José Leonardo Gialluca había alertado sobre el riesgo de inundaciones en Formosa y Chaco por la modificación del cauce del río Paraguay. Desde Paraguay aseguran que el canal Liguria solo se usará como vía alternativa cuando el Bermejo esté obstruido por sedimentos.

Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) cuestionaron la denuncia presentada por el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, y apuntaron al desconocimiento "absoluto" de los trabajos de dragado y movimiento de suelo que se ejecutan en la desembocadura del río Bermejo, en la zona de Pilar, para habilitar un canal paralelo en el arroyo Liguria.
Las autoridades portuarias de Paraguay también descartaron que las obras pudiesen provocar un eventual taponamiento de la desembocadura o una alteración del cauce que termine provocando inundaciones en las provincias de Formosa y Chaco, como advierte la denuncia de Gialluca, quien incluso pidió la intervención de la Cancillería argentina.
El presidente de la ANNP, Julio César Vera Cáceres, aseguró que todos los trabajos en el Liguria cuentan con la habilitación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina (ANPYN). En rigor, el canal ya existe, pero el Gobierno apunta a profundizarlo y ampliar su ancho para convertirlo en una vía alternativa al cauce principal del Bermejo.
"Cuando el río Bermejo, que arrastra mucho sedimento, esté obstaculizando el tránsito por el cauce principal y nuestras dragas estén trabajando, tendremos un curso de acción alternativo: ingresar por el arroyo Liguria, que será mejorado a 120 metros de ancho durante 3 kilómetros", explicó Vera Cáceres a LPO.
Días atrás, la Defensoría del Pueblo de Formosa había defendido la paralización de las obras en el canal Liguria. Gialluca anticipó que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU si no obtiene respuestas. El defensor formoseño apeló incluso al canciller de Javier Milei, Pablo Quirno, una movida que generó desconcierto del lado paraguayo.
La presentación de Gialluca alerta sobre el riesgo que supondría la modificación artificial del cauce del río Paraguay en un tramo compartido de aproximadamente siete kilómetros, entre los kilómetros 1.319 y 1.326, frente a las localidades paraguayas de Pilar y Humaitá y en las inmediaciones de la desembocadura del Bermejo.
Sin embargo, Vera Cáceres sostuvo que el proyecto no contempla remover sedimentos del río, sino trabajar sobre tierra firme para ampliar el arroyo. "El arroyo Liguria tiene un ancho muy limitado. Por esa razón se adquirieron seis inmuebles, tanto en territorio paraguayo como argentino, para realizar el movimiento de suelo con retroexcavadoras, socavando tierra firme. Nuestra draga se encargaría de profundizar el canal", señaló.
El presidente de la ANNP insistió en que la vía alternativa solo entrará en funcionamiento cuando el cauce principal del Bermejo se encuentre obstruido por la acumulación de sedimentos. Los trabajos implicaron la entrada en acción de la súper draga DRM-5 Paraguay, una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
La discusión no es menor. De acuerdo con las estimaciones técnicas, el río Bermejo aporta anualmente entre 80 y 100 millones de toneladas de sedimentos al río Paraguay. Ese material debe continuar su desplazamiento aguas abajo mediante la fuerza y velocidad del cauce principal. Desde Formosa advierten que una derivación artificial del caudal hacia un canal secundario podría alterar esa dinámica, reducir la capacidad de arrastre del curso principal y favorecer la acumulación de sedimentos en la desembocadura del Bermejo.
La ANNP confirmó que buscarán contactar al defensor del Pueblo de Formosa para coordinar una reunión con técnicos de ambas partes. El objetivo será explicarle los alcances del proyecto binacional y despejar las dudas sobre el impacto hidráulico de las obras, especialmente ante los temores de eventuales inundaciones en territorio argentino.
El conflicto por el dragado en la Hidrovía expone una tensión entre dos visiones: la de Paraguay, que prioriza la navegabilidad y el comercio, y la de Formosa, que alerta sobre riesgos ambientales e inundaciones. ¿Quién tiene razón? La pregunta es compleja porque ambos argumentos tienen fundamento.
Llama la atención que las obras cuenten con autorización de la ANPYN argentina. ¿Cómo se explica que un funcionario provincial desconozca los permisos otorgados por un organismo nacional? La pregunta apunta a la coordinación interjurisdiccional y a la transparencia en la información.
El defensor Gialluca apeló a la CIDH y a la ONU. ¿Es una medida proporcional o una sobrerreacción? La pregunta es pertinente porque la vía diplomática debería ser el primer paso.
La mención a la draga DRM-5 Paraguay, donada por Japón, sugiere que el proyecto tiene respaldo internacional. ¿Se evaluaron los impactos ambientales? ¿Hay estudios de impacto?
Finalmente, la pregunta de fondo: ¿cómo se compatibiliza el desarrollo de la Hidrovía con la protección de los ecosistemas y las comunidades ribereñas? La respuesta requiere diálogo técnico, transparencia y acuerdos binacionales. El conflicto está abierto y la reunión entre técnicos será clave.







