Crece el rechazo patronal a la reforma laboral: «Terminó complicándonos»
El malestar empresario se extiende. La UIA, la CAC y la CAME critican los cambios impulsados por Federico Sturzenegger, que, lejos de beneficiar al sector, generaron tensiones inesperadas en la dinámica de negociación con los sindicatos. «Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos», resumió el principal asesor laboral de los industriales .
Lo que debía ser una herramienta para flexibilizar las relaciones laborales y reducir costos se convirtió en un dolor de cabeza para el propio empresariado. La reforma laboral que impulsa el Gobierno sumó en los últimos meses más cuestionamientos en el sector patronal que en el sindicalismo .
En una reunión a puertas cerradas de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), el abogado Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la entidad, fue lapidario: «Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos» .
El centro del malestar está en la reglamentación de los «aportes solidarios» y las cuotas que gremios y patronales pueden pactar en cada negociación, donde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntó a eliminar lo que considera «curros» o «kioscos» .
El decreto que desató la polémica
El decreto 407/26, de mayo pasado, limitó al 0,5% de la nómina salarial los aportes para una cámara empresaria, y al 2% para un sindicato u obra social . Esta restricción, según los empresarios, dinamitó una herramienta clave que por décadas permitió una «administración más discrecional» y facilitó la paz social en las paritarias .
La norma, que surgió con plena inspiración de Sturzenegger, fue luego suavizada con el decreto 612 impulsado por Diego Santilli y Sandra Pettovello, pero el daño ya estaba hecho .
Rechazo generalizado
El malestar no se limita a la UIA. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también llegaron a la misma conclusión: los ataques al financiamiento del Instituto de Capacitación (Inacap), que coadministran ambas entidades con la Federación de Comercio (Faecys), afectaron directamente sus estructuras de sostenimiento .
Según las fuentes, las cámaras esperan la oportunidad para presentar un amparo contra la reforma laboral, una situación paradójica si se tiene en cuenta que fueron inicialmente promotoras de los cambios impulsados por el Gobierno .
Un mecanismo de décadas en jaque
El abogado Etala expuso ante los industriales que por décadas funcionó en la Argentina un mecanismo paritario basado en «conveniencias mutuas» y «estímulos extrasalariales» que permitían una gestión más fluida de la tensión natural entre empresarios y gremios .
La salida de escena de esas herramientas, advirtió, atenta contra la dinámica constructora de paz social que las partes habían moldeado durante años. Lo que Sturzenegger bautiza como «curros», para el empresariado era un engranaje necesario para la gobernabilidad del sistema laboral .
El antecedente del Inacap
Uno de los focos de conflicto más agudos está en el Inacap, el instituto de capacitación que recauda fondos a través de aportes obligatorios para el sector comercio . La CAC y la CAME administran esos recursos, que según denuncias ascienden a más de $30.000 millones anuales, sin una trazabilidad clara sobre su destino .
El artículo 128 de la reforma, que establecía el carácter voluntario de esos aportes, fue modificado de último momento por el Gobierno, reinstalando la obligatoriedad y generando indignación en amplios sectores del empresariado que buscaban eliminar esos «costos ocultos» .
¿Qué busca realmente el empresariado con el rechazo a la reforma? El argumento de fondo es que la restricción a los aportes no solo limita el financiamiento de las cámaras, sino que también eliminó un mecanismo de negociación que durante décadas lubricó el vínculo con los gremios. Lo que Sturzenegger considera una desregulación, para los empresarios es una complicación inesperada. La paradoja es mayúscula: una reforma presentada como un beneficio para el sector privado enfrenta ahora el rechazo de quienes debían ser sus principales beneficiarios.
