Una auditoría del PAMI detectó un esquema millonario de fraude en prestaciones oftalmológicas
Buenos Aires, 2 de mayo de 2026. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) identificó una red de fraude millonario en el área de prestaciones oftalmológicas y ópticas que afectaba tanto a los afiliados como a las arcas del organismo. Según una auditoría interna a la que accedió Infobae en forma exclusiva, los desvíos incluyen sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados con conflicto de interés y cobros indebidos a jubilados que debían recibir sus anteojos sin cargo.
¿Cuántos jubilados pagaron de su bolsillo por algo que el Estado ya había cubierto? La respuesta, según los primeros números, podría involucrar a miles.
Cinco modalidades de fraude
Los auditores del PAMI realizaron cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales en distintas provincias. El hallazgo fue contundente: no se trataba de casos aislados, sino de un esquema sistemático que se replicaba en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia.
El informe identificó al menos cinco modalidades de desvío:
1. Sobrefacturación de anteojos: Esta fue la más extendida. Los prestadores recetaban lentes de baja graduación (correspondientes a módulos de menor valor) pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. El afiliado recibía un producto económico, pero PAMI abonaba uno premium. La diferencia es abismal: un módulo real tiene un valor de 4.941,mientrasquelosmoˊdulosfacturadosllegarona27.204.
2. Prestaciones fantasma: Consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Es decir, se cobraba por trabajos que nunca se hicieron.
3. Manipulación del sistema de consultas: Primeras consultas facturadas como «consultas de seguimiento» (que tienen mayor valor) y uso deliberado de códigos para inflar la facturación.
4. Circuitos cerrados con conflicto de interés: Médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo con el dueño.
5. Cobro indebido al afiliado: Esta es la modalidad más perjudicial para el jubilado. Se ofrecían lentes «mejores» fuera de cobertura a un precio supuestamente menor que el de mercado, y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. Al mismo tiempo, el lente de «menor calidad» se le facturaba a PAMI. Así, el óptico cobraba dos veces por un mismo producto. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.
Si un jubilado paga por algo que ya está cubierto, ¿quién controla que eso no suceda? La auditoría demostró que, hasta ahora, nadie.
Casos concretos: Santiago del Estero, Mar del Plata y Entre Ríos
Los auditores relevaron tres casos con documentación específica que grafican la magnitud del problema.
Santiago del Estero: Involucra a una óptica y una sociedad comercial cuyos nombres se reservan por razones legales. Se confirmaron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio de $10,4 millones solo en la muestra auditada. El dato más revelador: el 95% de las recetas derivaban a la misma óptica. La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el médico que derivaba y el titular de la óptica receptora. Un sistema cerrado con derivación direccionada y beneficio económico directo.
Mar del Plata: Un Centro Oftalmológico asociado a la misma óptica del caso anterior combinó dos irregularidades: afiliados que pagaron de su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas (bajo la lógica del «lente estándar vs. lente premium») y 58 prestaciones sin historia clínica. En este caso, el afiliado resultó víctima directa del sistema.
Entre Ríos: Una óptica de una mutual sindical. Un mismo profesional de apellido S (se reserva su identidad) sobrefacturó 613 casos, emitió 151 consultas sin historia clínica y generó 16 recetas sin dioptrías, lo que las vuelve médicamente inconsistentes. La síntesis de los auditores fue lapidaria: facturación sin sustento médico real.
¿Puede una misma persona tener 613 casos de sobrefacturación sin que nadie lo note durante años? La respuesta es sí, y eso es lo más grave.
El mismo esquema en La Rioja y Concordia
La auditoría también identificó el mismo patrón en La Rioja, con tres ópticas involucradas, y en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico. En todos estos lugares, los mecanismos de fraude eran idénticos o muy similares, lo que sugiere una coordinación o, al menos, un conocimiento compartido de las vulnerabilidades del sistema.
Para los auditores, esto no es casualidad. Indica que el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas tenía fallas estructurales que permitían este tipo de maniobras sin que saltaran las alarmas.
¿Cuántas provincias más tienen este problema y aún no fueron auditadas?
Antecedentes: fraude en otras especialidades
Esta nueva auditoría oftalmológica se suma a una serie de investigaciones previas que el PAMI viene realizando desde el año pasado sobre el sistema OME. En esos casos, también revelados por Infobae, se expusieron maniobras que van desde la simulación de consultas y la facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales de afiliados.
Los patrones documentados incluyen:
- Médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas.
- Empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude pese a las advertencias.
- Profesionales que emitían órdenes irregulares con su usuario sin atender a los afiliados.
- Farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros.
- Centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales.
En todos los casos quedó demostrado el abuso del sistema OME, lo que derivó en denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.
Si el sistema electrónico fue diseñado para evitar fraudes, ¿cómo es posible que haya sido tan vulnerable a estas maniobras?
El caso Rafaela: 636 recetas apócrifas
Uno de los expedientes más avanzados está radicado en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra un médico de 72 años y una farmacéutica titular de un comercio del rubro.
La investigación determinó que los imputados confeccionaron 636 prescripciones apócrifas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico acusado. El dato técnico que cerró el circuito fue el rastreo de las direcciones IP desde las que se emitieron las recetas electrónicas: todas correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia.
El caso se inició por la denuncia de una afiliada que advirtió diferencias entre los medicamentos recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Al analizar la denuncia, se comprobó que las recetas fueron emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien aseguró no conocer.
Con autorización judicial, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la farmacia y secuestró ocho gabinetes de computadoras. El peritaje reforzó la hipótesis de una maniobra coordinada. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró probada la existencia de un esquema sistemático para provocar un gasto indebido al Estado.
Un médico de 72 años y una farmacéutica. ¿Actuaron solos o había una red más amplia detrás?
Prestaciones imposibles: 689 órdenes en un solo día
Las auditorías anteriores también hallaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable. Por ejemplo:
- En gastroenterología, un prestador con solo dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas. Los auditores consideraron esa cifra materialmente imposible.
- En cardiología se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a más de 300 pacientes diferentes. Si se considera que el tiempo promedio de atención oscila entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga equivaldría a jornadas de 81,5 a 108,7 horas diarias.
- También se detectaron turnos otorgados en el mismo horario a un profesional para prácticas distintas, violando los criterios básicos de trazabilidad.
¿Puede un solo médico atender a 300 pacientes en un día? La respuesta es no, a menos que no los atienda realmente. Y ahí está el fraude.
El contexto de saneamiento del PAMI
Estas auditorías comenzaron en el contexto de un saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un organismo con un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre.
Entre los problemas heredados figuraban la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados.
La administración de Leguízamo ya recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios. También eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. Centralizó las compras de insumos desde PAMI Central —antes realizadas por cada efector, lo que dificultaba el control y encarecía los costos— y eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, que favorecía la cartelización de precios por un grupo reducido de proveedores. El nuevo esquema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de $5.000 millones.
Si ya se recortaron 90.000 millones de pesos en gastos internos, ¿por qué el fraude en prestaciones seguía existiendo? Porque el control sobre los prestadores externos era débil. Y ahí está el núcleo del problema.
Lo que viene: causas judiciales en marcha
Hay al menos seis causas judiciales activas, impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal, con radicación en varias jurisdicciones del país. El caso de Rafaela es el más avanzado, pero no el único.
La pregunta que queda flotando es si estas causas llegarán a juicio y, sobre todo, si los responsables —muchos de ellos profesionales de la salud— serán efectivamente condenados. Porque el sistema de salud argentino ha demostrado históricamente una enorme capacidad para generar fraudes y una enorme lentitud para castigarlos.
En un país donde los jubilados ya viven con lo justo, ¿qué bronca no debe darles saber que alguien les robó los anteojos que necesitaban para ver?
Por ahora, el PAMI sigue auditando. Y los números, cada vez que se rasca un poco más la superficie, siguen siendo escalofriantes.
