La Justicia ratifica el FISU: el Estado deberá retomar las obras en barrios populares
La Cámara Federal de La Plata confirmó las cautelares que suspendieron la disolución del fondo y ordenó reanudar más de 700 obras paralizadas, con el derecho a la vivienda digna como eje del fallo.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó las medidas cautelares que suspendieron la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y mantuvo la orden impuesta al Estado Nacional para que retome y termine las obras de infraestructura en los barrios populares. El tribunal tuvo en cuenta que están en juego el derecho a la vivienda digna, a la salud y a un ambiente sano, y destacó la especial protección que merecen quienes viven en esos barrios.
En diciembre de 2023, el Estado Nacional decidió desfinanciar el FISU, lo que paralizó cientos de obras necesarias para proveer servicios básicos a miles de familias. Por esa razón se presentó en el Juzgado Federal de Pehuajó una acción de amparo colectiva junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país. A raíz de la medida cautelar solicitada, el juez ordenó reactivar las políticas de integración socio urbana. Desde entonces, el Gobierno incumplió la medida y apeló ante las instancias superiores.
El desfinanciamiento generó que en distintos barrios quedaran interrumpidas más de 700 construcciones y 11 mil mejoramientos habitacionales, destinados a resolver problemas concretos. La suspensión también produjo pérdidas del dinero ya invertido por el Estado en infraestructura: la mayoría de esos proyectos quedaron a la intemperie y sufrieron deterioros.
Los datos dimensionan la urgencia: el 44% de la población, más de 20 millones de personas, no tiene conexión a la red de gas; el 43% vive en casas sin cloacas; y todavía hay un 7% sin acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones, el FISU disponía de un financiamiento concreto. El Gobierno Nacional tiene que cumplir con la orden judicial y reactivar una política que buscaba mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Para reflexionar
Si el derecho a la vivienda digna y a un ambiente sano están reconocidos, ¿qué significa que su garantía dependa de una cautelar y no de una política sostenida en el tiempo?
¿Qué costo social y económico tiene paralizar obras ya financiadas: se pierde solo la inversión o también la confianza de las comunidades?
Cuando el 44% no accede al gas de red y el 43% vive sin cloacas, ¿es el FISU un gasto o una inversión en salud pública y en reducción de desigualdades?
