Chaco entre las provincias a las que llegarían las grandes inversiones proyectadas

En el mapa de las grandes inversiones que promete el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Chaco aparece. Pero aparece al final de la tabla. Según datos oficiales presentados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la provincia chaqueña recibiría unos 478 empleos proyectados (directos e indirectos) y una inversión estimada en 50 millones de dólares. Una cifra que, comparada con los más de 56 mil puestos que generaría San Juan, parece casi un espejismo.

¿Puede una provincia como el Chaco, con altos índices de necesidad social, conformarse con 478 empleos cuando otras suman decenas de miles?

El mapa RIGI: ganadores y perdedores

El informe de gestión presentado por Adorni ante el Congreso contabiliza 12 proyectos aprobados y 21 en análisis. La suma total de empleos proyectados para todo el país alcanza los 144.737 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero ese número, visto en detalle, revela una concentración abrumadora en pocas provincias.

El ranking es liderado por San Juan, con 56.989 empleos proyectados e inversiones por 25.085 millones de dólares. Le sigue Catamarca, con 18.127 puestos y 9.854 millones. Neuquén aparece tercero con 14.468 empleos y 12.498 millones. Río Negro, aunque con una inversión mayor (18.944 millones), generaría menos empleo: 6.478 puestos.

Luego vienen Salta (12.114 empleos), Santa Fe (10.178), La Pampa (7.799), Mendoza (6.684), Buenos Aires (5.252), Jujuy (4.667), Entre Ríos (1.025), y recién después, empatados en el último lugar, aparecen Chaco y Santiago del Estero, ambos con 478 empleos y 50 millones de dólares en inversión.

¿Puede una diferencia tan abismal entre provincias ser considerada «desarrollo federal» o es, simplemente, la consagración de las desigualdades preexistentes?

Las provincias que quedaron afuera

Pero hay un dato aún más llamativo: 11 distritos no tienen previsto ningún proyecto en el marco del RIGI. Es decir, cero inversiones, cero empleos proyectados por esta vía. La lista incluye a la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Que Córdoba, una de las provincias más industrializadas del país, figure entre las excluidas es, al menos, un dato que llama la atención. Que Tucumán, con su tradición azucarera y agroindustrial, tampoco aparezca, es otra señal de que el RIGI no está pensado para todo el territorio.

El patrón es claro: el RIGI beneficia a distritos con recursos naturales estratégicos, especialmente minería y energía. El resto, o recibe migajas o queda directamente afuera y deberá conformarse con el eventual «efecto derrame», ese concepto económico que suena bonito en los papers pero que en la realidad rara vez llega a los más necesitados.

Si el RIGI no llega a 11 provincias, ¿puede realmente hablarse de una política de desarrollo nacional o es, en los hechos, un plan sectorial para unas pocas regiones?

El contraste con el empleo perdido

El informe también revela una cifra escalofriante cuando se la compara con la destrucción de empleo durante la gestión de Javier Milei. Según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde el inicio de la actual administración se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados.

Los 144.737 empleos que promete generar el RIGI en total (en todo el país, y en «varios años», como aclararon los especialistas) equivalen apenas a la mitad de lo que ya se perdió. Y en el caso del Chaco, los 478 puestos proyectados son menos del 0,4% de los casi 207 mil empleos que, según otras estimaciones, se destruyeron a nivel nacional.

El economista Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), fue claro al respecto: los proyectos del RIGI son intensivos en recursos naturales y capital, no en mano de obra. Generan relativamente poco empleo, aunque de alta remuneración. Su principal finalidad, explicó, es la generación de divisas.

Si los proyectos del RIGI generan poco empleo en relación con la inversión, ¿debería el Estado priorizar otro tipo de políticas para reactivar el mercado laboral?

El «efecto derrame» como promesa

La esperanza para las provincias que no reciben inversiones directas está puesta en el «efecto derrame». La idea es que las divisas que ingresen por la minería y la energía permitan equilibrar la balanza de pagos, salir del cepo cambiario y, a partir de allí, impulsar inversiones más intensivas en mano de obra en los grandes centros urbanos.

Esa es, al menos, la teoría. En la práctica, el derrame nunca está garantizado. Depende de políticas activas de redistribución, de inversión en infraestructura y de un contexto macroeconómico que permita que las divisas no se fuguen o se concentren en unos pocos sectores.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, advirtió que el impacto macro del RIGI será más acotado de lo que el gobierno presume. Señaló que los proyectos se concentran en minería y, en menor medida, en energía, con alguna excepción industrial como Sidersa. Y describió el fenómeno como un «microclima»: se crea empleo, sí, pero en una magnitud limitada frente a la pérdida de puestos en el sector privado formal.

¿Cuántas familias chaqueñas pueden alimentarse con «efecto derrame» mientras esperan que las divisas mineras lleguen a sus bolsillos?

La foto laboral que no miente

El informe también recordó un dato que el gobierno nacional prefiere no destacar: durante la gestión de Javier Milei, solo Neuquén y Río Negro lograron generar empleo neto. El resto de las provincias registró caídas. Es decir, justo las dos provincias que concentran Vaca Muerta y el grueso de la inversión energética.

El RIGI, entonces, no viene a corregir esa desigualdad. Viene a profundizarla. Las provincias con recursos naturales seguirán atrayendo inversiones. Las provincias sin esos recursos, como el Chaco, corren el riesgo de quedar relegadas a un segundo plano, esperando migajas o dependiendo de decisiones políticas que ninguna ley puede garantizar.

Para el Chaco, los 478 empleos proyectados y los 50 millones de dólares en inversión son, al menos, algo. Pero en una provincia donde el empleo registrado viene cayendo y la informalidad aumentando, ese «algo» parece más un consuelo que una solución.

¿Puede una provincia entera subsistir con la promesa de 478 empleos cuando la demanda real es de decenas de miles?

La pregunta de fondo: ¿para quién es el desarrollo?

El debate sobre el RIGI no es técnico. Es político. Porque detrás de los números hay una definición de país: ¿se apuesta a un desarrollo concentrado en unos pocos polos productivos, confiando en que el resto recibirá un efecto derrame que nunca llega? ¿O se busca un desarrollo más equilibrado, con políticas activas para las provincias menos favorecidas?

El Chaco, con su matriz productiva basada en el algodón, la ganadería, la forestoindustria y el creciente sector de servicios, no tiene grandes yacimientos mineros ni el atractivo de Vaca Muerta. No va a recibir inversiones millonarias del RIGI. Pero sus necesidades de empleo son enormes.

La pregunta que el 1° de Mayo deja en el aire, entonces, no es solo cuántos empleos generará el RIGI. Es, sobre todo, qué va a pasar con las provincias y las personas que el RIGI deja afuera. Porque el desarrollo que no llega a todos no es desarrollo. Es, simplemente, una nueva forma de desigualdad.

Mientras tanto, en el Chaco, los 478 empleos proyectados son una noticia agridulce. Mejor que cero, sin duda. Pero insuficiente para lo que la provincia necesita. Y un recordatorio de que, en el mapa de las grandes inversiones, no todos los lugares valen lo mismo.